“Ves este teléfono. De acá salieron 10, 20, 50 denuncias en varios años. Te atendían en la comisaría y te decían `no podemos hacer nada´”, relataba ayer un vecino con cuidado extremo de que sus palabras no trascendieran más a allá de medio metro. El barrio de La Palmera, para quienes no están ligados al narco menudeo, a los delitos en general, es un enclave sin paz en la localidad de San Carlos.
“Vivimos entre los tiros y con gente que se cree dueña de una calle o que ostenta con sus camionetas 4 x 4”, añadió el frentista. Contó en ese sentido que “ahí donde venden droga tenés pibes armados a toda hora, custodiándolos. Entonces, nadie puede decir nada y es muy doloroso ver gente que viene a comprar con un nene sentado en los hombros”.
Ante la condición de extranjeros de los detenidos, Garro pidió que sean deportados
El “Caballo de Troya” estacionó en la nariz de la organización. Se le pasó al mini ejército y llegó hasta el fondo de la calle, donde hay 2 casas pegadas, de material, con paredones sólidos, techos de loza y ventanas de hierro con rejas. Los policías dijeron desconocer el historial de la familia a la que se acusa de narco y su afincamiento en el barrio. “Llegué hace diez años y estaban en el mismo lugar, haciendo lo mismo”, dijo una vecina. Para entonces, la familia que tiene como jefe a un hombre de 55 años ya se había apropiado de la calzada en el tramo más cercano a 150. Así nació una cortada en la calle 36 bis.
El barrio había ganado notoriedad a principios de noviembre, cuando otro mega operativo policial arrestó a una banda narco que usaba un drone para vigilar el barrio y detectar, por ejemplo a la Policía. La base estaba al lado de una enorme palmera, en 151 entre 36 bis y 37. Entonces, los pesquisas llegaron camuflados, en autos alquilados. Eso fue a unos 150 metros del operativo que empezó el domingo y terminó ayer, con la topadora. Entonces, cayeron varias personas de una misma familia, también de nacionalidad paraguaya. La influencia norteña es fuerte en un área elegida hace décadas por integrantes de la comunidad toba.
La condición de extranjeros de los acusados de actividades de tráfico de drogas impulsó al intendente Julio Garro a pedir su expulsión del país: “Espero que estas personas, que no representan el espíritu trabajador del pueblo paraguayo y que vienen al país a vender veneno a nuestros jóvenes, sean deportados por la Justicia y no vuelvan nunca más”, expresó en las redes sociales el jefe comunal.
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