Acorralados, 1.300 deudores platenses de créditos UVA piden una ley de emergencia

Por: José Maldonado
 

jmaldonado@eldia.com

En diciembre de 2017, Débora y su familia decidieron tomar en un banco privado un crédito hipotecario indexado por inflación a través del sistema UVA. Con lo que les dieron, pudieron comprar una propiedad de cincuenta años de antigüedad en un barrio de La Plata. A poco de empezar a cancelar el préstamo, las cuotas comenzaron a aumentar sin freno. Mes a mes, al ritmo del incremento del costo de vida, Débora veía cómo se disparaba el porcentaje de sus ingresos afectados a pagar la cuota del crédito.

La situación, dice, se volvió insostenible. De 6 mil pesos iniciales, la cuota se fue a 11 mil. “Pedimos 930 mil pesos y ahora debemos 1.600.000”, explica. Ahora, para no dejar de cumplir con el banco, su familia suspendió el pago de algunos servicios y de la patente del auto. Pero si la cuota sigue subiendo, no sabe qué mas tendrá que postergar.

En La Plata hay al menos unos 1.300 casos como el de Débora, según los cálculos que manejan los colectivos que agrupan a los deudores de créditos UVA, que ahora piden que la Legislatura sancione una ley para declarar la emergencia y que impida que las cuotas afecten más de determinado porcentaje del sueldo. “El problema es que si no pagás la cuota, el banco te ejecuta la casa inmediatamente”, cuenta Débora, integrante del grupo “Hipotecados UVA” que se reúne semanalmente en Plaza Moreno.

En La Plata, el enorme grueso de los deudores tomó los créditos en el Banco Provincia. En la Provincia, fueron 25 mil, de los cuales unos 17 mil corresponden al Banco Provincia. Hay casos como Débora, de bancos privados, y otros correspondientes al Banco Nación. Pero más allá del banco que haya otorgado el crédito, la situación es la misma. La fecha de vencimiento de cada una de las cuotas cada mes produce más angustia y preocupación. “Mi caso no es el peor -dice-. Hay gente que está pidiendo plata prestada a sus familias para cancelar”. Las cuotas y el capital crediticio suben mano a mano con la inflación, que el año pasado acumuló un incremento del 52 por ciento medido de enero de 2018 a enero de 2019.

Lanzados con mucha promoción en abril de 2016, los créditos se ofrecían con plazos de hasta 20 años y tasas a partir del 3,5 por ciento mensual con un sistema que proponía indexar cuotas y capital por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Durante los primeros meses, hubo un aluvión de solicitantes, sobre todo ahorristas de clase media que veían en esos créditos una posibilidad de acceder a la primera vivienda. Se estima que en todo el país se otorgaron unos 170 mil, 50 mil de los cuales salieron a través del Nación.

Pero después, desde mediados de 2017, se desplomaron. Lejos de ceder, como se había propuesto el gobierno de Cambiemos, la inflación se convirtió en el principal dolor de cabeza para la economía argentina. Por eso, las cuotas de los créditos UVA hoy son una pesada carga para los deudores. A lo largo de 2018, por ejemplo, los costos de estos préstamos para vivienda superaron con holgura las subas registradas en los alquileres. Mientras que los UVA se incrementaron un 47,5 por ciento, los alquileres subieron un 35 por ciento.

PEDIDO DE AUXILIO

En ese contexto, los deudores de créditos UVA comenzaron a recorres diversos ámbitos el año pasado para pedir auxilio. Los bancos, dicen, no dan más respuesta que ofrecer la posibilidad de extender los planes de pago, proponiendo mayor cantidad de cuotas. Pero la herramienta no terminó siendo mucho consuelo. “Si aceptas, a los seis meses estás de vuelta con la soga al cuello. Y el plazo para terminar de pagar el crédito capaz se termina extendiendo en cinco o seis años más”, explican los deudores.

Por eso, los deudores concentraron sus expectativas en una ley que los proteja frente a un ritmo de aumento de cuotas que muchos ya directamente no pueden afrontar. En la Legislatura bonaerense, el año pasado el senador Federico Susbielles (Unidad Ciudadana) presentó un proyecto que declara la emergencia en el tema y establece, entre otras cosas, un seguro de cambio. En tanto, dispone que para los deudores del Banco Provincia se establezca que la cuota no pueda afectar más del 30 por ciento de los ingresos.

En la última sesión de 2018, el proyecto se iba a tratar, con despacho de la Comisión de Hacienda, en el recinto pero el oficialismo pidió no hacerlo a partir de un planteo del presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet. Y la iniciativa se postergó para este período legislativo. Ahora, dicen los deudores, todo volvió a dilatarse a partir de un planteo de legisladores de Cambiemos que pidieron que la norma sea tratada nuevamente en comisiones.

El jueves pasado, la reunión de la comisión de Legislación General convocada, entre otras cosas, para tratar el proyecto con la idea de llevarlo a la sesión de la semana próxima, fue suspendida. En ese marco, el senador Susbielles, autor del proyecto, envió una nota al presidente del cuerpo, el vicegobernador Daniel Salvador, para pedir que “emplace a la comisión de Legislación a tratar el proyecto”.

Hace unos días, un grupo de deudores se reunió con el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. Según explicaron tras el encuentro, el titular de la entidad le cerró la puerta una modificación de la legislación que regula los créditos. “Nos dijo que son un ‘éxito” y que nosotros hicimos un negocio. Y que no podía haber ninguna modificación porque generaría inseguridad jurídica para los bancos”, dijo a EL DIA uno de los asistentes al encuentro.

En forma paralela, se presentó en el Senado nacional un proyecto para limitar las subas impulsado por el peronista Miguel Angel Pichetto.

En La Plata, en tanto, crece la preocupación. “Esta situación se agrava porque los sueldos han perdido mucho frente a la inflación”, dijo el titular de Consumidores Responsables, Henry Stegmayer.