Cortar los vínculos delictivos de los barrabravas

Sólo la falta de decisión por parte de funcionarios públicos, de acuerdos entre los dirigentes políticos y de suficiente presencia de la sociedad en el tema, vienen permitiendo que se posterguen, indefinidamente, las acciones que deberían adoptarse para combatir a los barrabravas que han enturbiado a los espectáculos futbolísticos en nuestro país.

Así se hable de aplazamientos concretos, como los sucedidos en el Congreso nacional cuando debió tratar proyectos de ley que agravan las penas cometidas por estos personajes y no lo hizo –tal como ocurrió en los recintos parlamentarios en períodos anteriores- o de la falta de capacidad operativa en los organismos responsables de la seguridad deportiva, lo cierto es que los años se suceden uno tras otro sin que se atine a encontrar herramientas eficaces para erradicar este flagelo.

Hay por cierto intentos aislados, dignos de mención, como las causas judiciales abiertas cuyos imputados forman parte de esos grupos de malvivientes que se apoderaron del fútbol. Ahora se acaba de reclamar la elevación a juicio de una causa que incluye como acusados a un ex dirigente de la AFA y a varios barrabravas, acusados de cometer diversas irregularidades en un club. Según se detalló, el Fiscal interviniente habría presentado consistentes pruebas sobre los fraudes cometidos en perjuicio de la entidad, a través de la impresión oculta de entradas; la explotación de distintos negocios informales en las afueras del estadio, así como la venta de alimentos y por el dinero recaudado por los “trapitos” en los días de partido, entre otras irregularidades.

No se ha logrado, sin embargo, estructurar una política unívoca, que no deje dudas acerca de la intención de la sociedad argentina por depurar al fútbol. Se han perdido así muchas oportunidades para contar con mejores herramientas, para que este deporte no sirva como pretexto para cometer delitos. Ahora se anuncia que dos estadios de fútbol profesional, el de Banfield y el nuevo de Estudiantes, dejarán de contar con alambrado olímpico, en una medida que, acaso, pueda resultar positiva para concientizar a los espectadores.

Se ha dicho y reiterado también en esta columna que el fútbol de nuestro país no puede resignarse a convivir un minuto más con personas que cultivan el delito como modo de vida. Por cierto, debiera preocupar el progresivo poder que vinieron cobrando los barrabravas. No es necesario señalar que, desde los incidentes en los estadios con que se presentaron, estos grupos violentos extendieron su accionar delictivo y se han convertido, ahora, en mano de obra disponible para cualquier actividad mafiosa.

Desde la denominada ley De la Rúa y otras normas, nuestro país contó con cuadros normativos previsores y, en principio, suficientes para combatir a los barrabravas, aunque siempre faltó la decisión política correspondiente para iniciar esa lucha. Si en la actualidad se ha considerado conveniente incorporar reformas, son los legisladores los que pueden analizar y debatirlas, confiándose en que lo hagan sin eternizar el trámite de la sanción.

Parece llegada la hora, sobradamente, para que los responsables de garantizar la seguridad no se distraigan de lo que está en juego, que tiene que ver con cortar de raíz los vínculos de toda naturaleza que los barrabravas vienen enhebrando con mafias peligrosas, que los “contratan” para asesinar, robar y cometer toda serie de delitos, amparados en su presunta condición de hinchas de fútbol.