Alumnos en riesgo por los ataques a escuelas de la Región

No hace muchas jornadas esta columna se ocupaba de los ataques a pedradas registrados en la Autopista, que hicieron blanco en un ómnibus y en una camioneta sin que, afortunadamente, hubiera que lamentar en esa ocasión el saldo de personas heridas, tal como ha ocurrido con frecuencia en agresiones similares sucedidas en esa vía caminera.

Ahora debe hablarse de otro ataque a pedradas, en este caso a la escuela Primaria Nº 27 ubicada en el Barrio Aeropuerto, en el que una alumna que se encontraba en el patio, lamentablemente, resultó alcanzada por el proyectil, aún cuando las heridas que sufrió, también por imperio del azar, resultaron ser leves. Lo cierto es que las autoridades de la escuela debieron suspender las clases anteayer, dada la gravedad del incidente.

Tal como se informó en ediciones anteriores, según detallaron los padres la nena fue alcanzada en el cuerpo por uno de los numerosos piedrazos que un grupo de adolescentes arrojó desde el exterior de ese edificio. Esos mismos padres, tras ofrecer algunas conjeturas sobre el motivo del ataque, reprocharon la falta de acción de parte de la Policía que, pese a tener un destacamento enfrente de la escuela, no ha traducido su presencia en acciones concretas y eficaces de prevención.

Sea como sea, está suficientemente claro que estos tipos de agresiones distan mucho de ser una mera travesía infantil. Quienes lanzan piedras en forma sistemática contra vehículos en la Autopista, o quienes lo hacen contra una escuela en momentos en que los niños se encuentran en los patios, conocen perfectamente la magnitud de los daños que pueden causarle a la integridad física de sus potenciales víctimas. Frente a esa evidencia, sólo queda el reclamo para que la Policía duplique su presencia y ejerza mínimas tareas de inteligencia, destinadas a prevenir estas situaciones.

En lo que concierne a las escuelas, lo cierto es que la seguidilla de ataques se traduce en una preocupación permanente para las comunidades educativas, amenazadas por la suerte que pueden correr los alumnos y, también, en los casos de los frecuentes saqueos, por las pérdidas de elementos valiosos para la tarea pedagógica, que además les resulta muy dificultoso recuperar. Ante esta situación se han buscado alternativas para reforzar los sistemas de seguridad de los establecimientos educativos para contrarrestar el avance de los episodios delictivos. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado, por lo visto, ineficaces.

Se ha dicho en esta columna que en el caso de las escuelas, en general los autores cometen desmanes, provocan un gran desorden en las oficinas administrativas y llegan a robar elementos de valor, como computadoras o algún equipo de audio o video. Pero según la metodología que se repite en cada caso, el propósito está más centrado en el ataque vandálico que en el robo. Muchos de los establecimientos que han sido víctimas de este tipo de hechos son, además, modestas escuelas de barrios muy humildes.

Es evidente que en la mayoría de los episodios registrados, el problema adquiere connotaciones y una dimensión más preocupante, que seguramente incluye aspectos relacionados a cuestiones educativas, sociales y culturales que debieran ponderarse. Pero –más allá de confiar en que los vecinos puedan eventualmente brindar algún tipo de ayuda- lo que urge es que el Estado extreme recursos y estrategias para defender el patrimonio de las escuelas, revertir la indisculpable situación de indefensión en que se encuentran y, al mismo tiempo, individualizar y castigar con el peso de la ley a los responsables.