Un posible adelanto en la lucha en defensa de los celíacos

La presentación en el Concejo Deliberante local de un proyecto de ordenanza que apunta a que los establecimientos de expendio y producción de comidas cuenten con menú para celíacos puede convertirse, de ser sancionado, en otro paso positivo en la lucha que nuestro país debe dar en defensa de los celíacos.

Tal como se informó en la edición de ayer, la iniciativa presentada establece en forma taxativa que los bares, restaurantes, casas de comida y todo tipo de establecimientos donde se produzcan comidas elaboradas y pre elaboradas cuenten con menús especiales para personas que padecen ese mal.

La iniciativa también determina que el Ejecutivo comunal suscriba y aporte en convenios para que tales establecimientos puedan garantizar la provisión de menús y alimentos para celíacos, previéndose la creación de un registro de comercios adheridos que serán identificados como “Comercio amigable para celíacos”.

Como se sabe, la celiaquía es una enfermedad autoinmune que en la Argentina afecta a una de cada algo más de 100 personas -causada por la exposición al gluten, una proteína vegetal presente en el trigo, la avena, el centeno y la cebada- cuyos pacientes deben seguir rigurosos tratamientos y atenerse a menús estrictos, bajo pena de correr riesgos de salud muy severos en caso de incumplir con esas y otras recomendaciones médicas. Cabe consignar que hace pocas décadas la enfermedad afectaba a una de cada 140 personas, lo que habla de una preocupante expansión del mal, que se vuelve especialmente notable entre los niños.

Uno de los principales problemas se relaciona con las dificultades que plantea el subido costo de los alimentos basados en harinas libres de gluten. Hasta tres veces más caros que sus variantes tradicionales, muchos argentinos con celiaquía sienten condicionada su dieta por esta realidad. Es muy posible que, más tarde o más temprano, a partir de una expansión de las bocas de expendio disponibles esos costos pudieran bajar. Es conocido, asimismo, que en nuestro país la ley nacional de celiaquía, sancionada en 2009, constituyó un ostensible avance. Ella obligó a las obras sociales a reconocer parte del costo de los alimentos hechos con harinas libres de gluten a quienes tienen esa condición.

Por cierto que además de que los organismos responsables no deben bajar la guardia, en el sentido de promover la presencia de restaurantes y casas de comida con cartas aptas para celíacos –tal como lo propone esta iniciativa local- debieran también profundizarse fiscalizaciones más completas en lo que se refiere a los alimentos envasados, especialmente de aquellas que atañen a la más adecuada información que deben contener las etiquetas.

Resulta paradójico que en nuestra ciudad, reconocida por los importantes logros en la investigación de esta enfermedad, se pueda todavía incurrir en omisiones como la que el proyecto intenta subsanar, que son ciertamente discriminatorias con buena parte de las personas, sin olvidar que también se incumple con el propósito social de avanzar en políticas preventivas y en la búsqueda de una población más fuerte y mejor alimentada.