Amenazas, obsesiones y el rol de la Justicia ante los “delitos anunciados”

Paola Estefanía Tacacho, de 32 años, fue asesinada de varias puñaladas el 30 de octubre pasado, cuando caminaba hacia su casa después de salir de un gimnasio en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Conocía muy bien al femicida, Mauricio Parada Parejas, de su misma edad, porque entre noviembre de 2015 y mayo de 2020 lo denunció 13 veces y hasta recurrió a la justicia civil para pedir que alguien le pusiera un freno a las amenazas y al acoso que comenzaron cuando lo tuvo como alumno en el terciario en el que ella era profesora de inglés. Ese viernes, Parada Parejas la interceptó y la asesinó como había prometido hacerlo tantas veces y terminó suicidándose con el mismo cuchillo, a pocos metros, rodeado por vecinos que lo creyeron un ladrón.

Tras una mediación, en junio pasado, un psiquiatra determinó que Parada Parejas padecía de “trastorno esquizoide de la personalidad” y que su cuadro era “total y permanente”, por lo que le asignó un tutor como indica el Programa de Acceso a la Justicia de personas con Discapacidad. El tutor, claro, no impidió el femicidio. En la casa de Parada Parejas encontraron días atrás un par de cartas en las que hablaba de la “molestia” que le generaron las denuncias en su contra y prometía hacer lo que hizo: matar a Paola.

No se sabe qué hizo el juez Francisco Pisa con las denuncias de Tacacho, pero sí se sabe que presentó la renuncia que lo salvaría de los pedidos de juicio político en su contra. ¿Este juez hubiera podido salvar la vida de la profesora?

Julieta Antón (26) se sentía inquieta ante la presencia de Sebastián Villarreal, ese joven de Berisso que tomaba clases de danza con ella y no perdía ocasión de sacarle fotos o comentar cada posteo de ella en redes sociales. La chica habló con sus amigas de esa incomodidad que no llegaba a definir como miedo, porque no sabía bien qué hacer.

¿Si lo denunciaba hubiera evitado lo que pasó? Lo que pasó fue que el martes Villarreal se “molestó” con un comentario de Julieta y la atacó a puñaladas en la escuela de danzas de Palermo, igual que a la dueña del lugar, Sofía Bovino, cuando se interpuso para salvar a su amiga. Si la cosa no terminó peor fue porque abajo había un patrullero cubriendo un accidente y los policías escucharon los gritos.

“A las amenazas hay que tomarlas siempre en serio, sin interpretarlas y tampoco exagerarlas. Hay que ponerlas en el contexto que tienen, con el tenor, la frecuencia y el tiempo en el que ocurren”, dijo a este diario el médico psiquiatra Enrique De Rosa, haciendo hincapié en que a los pacientes psiquiátricos “no hay que estigmatizarlos, pero inevitablemente son personas que no están en contexto con la realidad”. Consideró el especialista que una primera evaluación de un tercero, “como un abogado, un terapeuta o un psiquiatra” puede ayudar a tomar distancia de esa amenaza para observar “en qué contexto está dada” y qué entidad otorgarle, aunque cree que el caso de Tucumán “es un clásico”, con agresores que “dan muchísimas señales” pese a lo cual “la justicia no le da importancia porque están mirándose el ombligo en vez de mirar la realidad”.

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“Es sentido común -resaltó De Rosa- cuando hay episodios de violencia repetidos no hay mucho que dudar”. ¿Y qué medida tomar con el responsable? ¿Cárcel o institución psiquiátrica?

“Siempre es mejor una estructura intermedia que proteja a la persona y le de un adecuado tratamiento; la violencia es una patología psiquiátrica y aunque se intente ponerle un título, como psicopatía o perversión, la clave está en el pasaje al acto, y tiene que tener una medida de protección. Por eso, los tan denostados institutos psiquiátricos, en buen estado son el mejor lugar para personas peligrosas en conflicto con la ley”.

¿Pero la ley es capaz de anticiparse a ese pasaje?

“En la Provincia de Buenos Aires tenemos la obligación, ante cualquier denuncia, en nuestro caso que hace una mujer por violencia de género, de rastrear si el acusado tiene denuncias previas, de ella o de otras mujeres”, porque, si las hay, “tenemos que unificar las causas para hacer un tratamiento conjunto y una solución integral para esta mujer”, explica Mariana Ruffino, titular de la Fiscalía N° 13 de La Plata especializada en violencia de género, que desde su apertura en noviembre de 2015 intervino ya en unas 17 mil causas. Esa experiencia es la que le da a Ruffino la certeza de que “hay patrones de conducta claros”.

“A las amenazas hay que tomarlas siempre en serio, y ponerlas en contexto”

Enrique De Rosa Médico psiquiatra

“La justicia y la policía son impotentes ante los delitos anunciados”

Marcelo Romero Titular UFI 6

“Ante una nueva amenaza, se le dice que va a ir preso. No permito una tercera vez”

Mariana Ruffino Titular de la UFI 13

“En una ruptura de pareja la primera amenaza puede ocurrir, pasar y no avanzar. Si ocurre una segunda vez, se cita a ese hombre y se le explica que va a ir preso. Esta fiscalía no deja que llegue a la tercera. Y se le pide la detención por riesgos procesales y el peligro potencial por reiteración del delito que haya cometido, lo que habilita una sumatoria de penas. Se puede hacer, pero no se hace”, explica.

Para el fiscal Marcelo Romero (UFI 6), en cambio, “la justicia es muchas veces impotente, independientemente del mal funcionamiento, los malos funcionarios y las leyes. Es impotente con las amenazas porque podés alejar a la persona con una restricción, pero no es eterna, ni va a durar el tiempo que sea necesario si la persona decida concretarla. Y es un delito excarcelable que no admite muchas restricciones a la libertad. La prohibición de acercamiento no alcanza porque es teórica, no hay suficiente guardia policial para garantizar que se cumpla”.

Por eso, insistió Romero, “las leyes, los operadores, la propia justicia y la policía son impotentes con los delitos anunciados”, con amenazas que a veces “solo perciben las víctimas y no hay coerción suficiente para controlar la cautelar. Es un problema bastante insoluble”.

En la misma línea opinó otro fiscal del fuero ordinario de La Plata, Martín Almirón (UFI 8).

“Hay fiscalías que pueden tener desidia, pero también hay jueces que deniegan detenciones”, dijo, aclarando que “cuando es violencia de género yo trato de tener la mayor celeridad posible”. Consideró, si, que “las amenazas tienen muy poca pena y se genera un vacío, con restricciones de acercamiento que tienen poco valor”.

En este punto reflexionó que sería “positivo que las amenazas de un hombre hacia una mujer sean agravadas por ser violencia de género, para aumentar las penas”.

Ruffino está convencida de que es necesario que los operadores judiciales, fiscales y jueces, escuchen a las víctimas, “porque cuando eso sucede, se toma una responsabilidad”.

“Por eso yo no firmo juicios abreviados - dice- para que el juez escuche a las víctimas. Cuando las ves, si están en riesgo te hace ruido. Están agobiadas, asustadas y piden ayuda. Y trabajamos intensamente todos los días para evitar un hecho grave; conseguimos tobilleras, tenemos los contactos aceitados, con los jueces de familia, los fiscales ordinarios y con el ministerio de la Mujer. Entre todos buscamos una solución”. Consultada sobre las acciones que podrían influir positivamente en el problema, Ruffino pidió “más conciencia en los fiscales de juicio; que sostengan el pedido de condena y que los jueces sostengan las detenciones”.

Otra fiscal platense accedió a hablar con este diario sobre el tema, aunque con reserva de identidad. “Nosotros podemos hacer cosas”, opinó, “pero eso no siempre evita el resultado. Podemos dictar una medida de restricción y de prohibición de acercamiento y pedir la detención ante una violación de esas medidas o si se advierte una escalada de violencia, pero la pena prevista es muy poca. El tiempo que los podemos tener detenidos es poco, y en tal caso ya depende de la figura del agresor. En el 80 por ciento de los casos son cobardes y cuando se ven presos, se asustan, bajan, y ese tiempo les sirve a las mujeres para buscar ayuda y cortar con ese vínculo. Pero cuando esas personas tienen una psicopatía en la que nada les importa, no hay mucho por hacer”.

“El caso de Tucumán requería una internación, pero la nueva ley de salud mental también complica esto”, aportó, segura de que “cuando la justicia no hace lo que tiene que hacer, empoderamos a los violentos y se sienten invencibles”. Para el delito de lesiones y amenazas agravadas, la pena máxima es de 2 años “y éste no es un país en el que a la gente le den la pena máxima”, lamentó la misma fiscal.