Vecinos renovaron el pedido a la Justicia para que libere los terrenos de Los Hornos
Edición Impresa | 3 de Marzo de 2020 | 02:21

Un grupo de vecinos que vive alrededor del enorme terreno usurpado en Los Hornos fue ayer a la Justicia Federal a pedir una solución definitiva al tema, que lleva más de dos semanas de angustia para quienes apostaron a vivir en ese lugar hace varios años. Según se pudo saber, fueron informados sobre el estado de la causa y aguardan que pronto se ordene el desalojo del predio. Saben que son más de 150 las hectáreas tomadas; que habría tres facciones que se repartieron el “botín” y que se está desarrollando un protocolo de medidas para derivar en el pedido de un nuevo desalojo de los terrenos.
La ocupación de 164 hectáreas se inició el 16 de febrero con 50 personas. Ese domingo a la tardecita levantaron algunas casillas precarias y a los pocos días el número creció a más de 1.000 personas.
Las últimas novedades del caso tienen que ver con la tramitación de la causa en la Justicia Federal, fuero al que los vecinos le piden que resuelva desalojar los lotes.
Ayer los vecinos se desayunaron con la novedad de que las hectáreas en conflicto son un poco más de las que se estimaban originalmente. Desde un principio se mencionó el número de 150 hectáreas. Sin embargo, fueron notificados de que la zona en conflicto alcanza a las 164 hectáreas.
Además, observan que día tras día van llegando más usurpadores al terreno de Los Hornos, ubicado entre 141 a 155 y de 76 a 90.
Por la ocupación primero hizo la denuncia la Municipalidad de La Plata, y tomó intervención la UFI Nº 1 de La Plata, a cargo de la fiscal Ana Medina.
El jueves 20 de febrero se realizó un desalojo, con un imponente operativo policial que se desarrolló en la zona.
SOLO UN SUSPIRO
Pero esa medida sólo fue un suspiro para los vecinos. Poco después retomaron la ocupación. Y llegó un nuevo capítulo: se certificó que el predio pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABES) y la causa debió ser trasladada al fuero federal.
En el medio, el jueves 22 de febrero, el juez de Garantías Agustín Crispo se declaró incompetente.
A los tribunales federales las actuaciones llegaron el jueves 27 de febrero. Desde entonces se están acumulando datos y pruebas, pero aún no llega la esperada orden de liberar el extenso terreno.
Para el desalojo, como es habitual en estos casos, se debe cumplir con un protocolo, que está en pleno proceso.
Mientras se llevan a cabo las medidas administrativas y procesales, la presencia de Gendarmería no frena la llegada de nuevos usurpadores. La desesperación y el temor de los vecinos crece con el correr de las horas.
Mientras los vecinos denuncian amenazas, desaparición de animales, alambrados destruidos y bloqueos de tranqueras, el predio tomado ya fue subdividido mediante estacas y sogas, incluyéndose carteles con los nombres de las familias que se han autoadjudicado la propiedad de los bienes, según indicaron distintas fuentes consultadas.
La ABES ha realizado visitas al predio, tomó registros fotográficos y verificó la usurpación de las 164 hectáreas involucradas.
En el juzgado federal actuante se indicó que hubo una orden a Gendarmería para que no se permita el ingreso de nadie más al predio y se le ordenó identificar a quienes se mantengan adentro del mismo.
Sin embargo, como se informó en ediciones anteriores, la mayoría de los ocupantes se negaron a ser identificados.
A su vez trascendió que dentro de los usurpadores hay más de un grupo: habría tres facciones de ocupantes que habrían repartido el predio y estaría identificado de oficio uno de los cabecillas.
Otra de las medidas que se ordenaron a Gendarmería fue la de no permitir el ingreso de ningún tipo de material de construcción, que facilite el asentamiento. Esta medida tampoco ha surtido efecto, porque según los vecinos consultados por este diario es constante el paso de herramientas y materiales.
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