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Ricardo Rosales
Ricardo Rosales
El gobierno de Alberto Fernández se enfrenta a un desafío mayor que contener la expansión del COVIT-19 y evitar un colapso sanitario. Cuanto más extensa se presenta la cuarentena, más complicaciones económicas aparecen. En las actividades productivas, ya no se trata de dificultades para los pagos, sean salarios, impuestos, o de otros proveedores, sino del cierre definitivo de miles de empresas que, no se van a recuperar automáticamente cuando se supere la emergencia sanitaria.
El gobierno nacional ha logrado un consenso amplio en mantener el aislamiento pero esa unanimidad no ocurre con las decisiones económicas. Los rápidos reflejos del Presidente en el tema sanitario no han sido acompañados con medidas para contener el desplome de la economía y la pérdida de ingresos de millones de trabajadores, sean de los sectores medios o de más bajo poder adquisitivo.
La última semana Alberto F. intentó aglutinar nuevamente a toda la clase política, con la presentación de la oferta para los acreedores de la Argentina. Preparó un escenario acorde a esa intención, con la presencia de los gobernadores y la vicepresidente Cristina Kirchner y un mensaje moderado, aunque dijo que el país está en “default virtual” y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que la Argentina no está en condiciones de pagar nada. El funcionario también sostuvo que no hubo acuerdo con los acreedores de casi 69.000 millones de dólares (el 20 por ciento de la deuda total), que es el monto en discusión y motivo del canje propuesto. No dijo nada sobre la deuda restante y en particular con los organismos internacionales por 73.000 millones de dólares, de los cuales 44.000 millones son con el FMI. Dio detalles generales y al día siguiente se publicó los términos de la oferta en el Boletín Oficial.
Quizás el Presidente logre sensibilizar a algunos sectores de la sociedad, haciendo foco sobre este tramo de la deuda, y trasladando responsabilidades de la crisis argentina a los sectores financieros. Aunque este enfoque tiene muy limitadas chances de éxito en la negociación con los fondos que representan a los deudores, que se remiten a los números y a que el país explique con un programa económico su capacidad de pago.
Por el momento, esa información es desconocida y el Gobierno no ha presentado ningún plan. El Fondo Monetario Internacional que hoy aparece como “amigo” de la Argentina, no se ha manifestado sobre esta propuesta y sigue sin ser conocido el acuerdo de más largo plazo que estaría en la mesa de negociaciones del organismo en Washington DC. En síntesis, salvo la oferta de canje realizada por el ministro Guzmán, no hay nada sobre el programa del Gobierno. Y a esto se agrega que tampoco hay definiciones sobre que hacer en medio de la actual pandemia.
El aspecto más significativo de la negociación con la deuda bajo ley Nueva York, es que el país otra vez se acerca a un default que, en las actuales condiciones de crisis interna y a nivel internacional, abriría una crisis mayor y con menos chances de remontar la pronunciada caída económica.
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Los términos del canje propuesto, no aparece tan “agresivo” como se suponía, y de allí que los bonos tuvieron una suba el viernes último. En los cálculos financieros, la paridad de los bonos estaba cotizando por debajo de la oferta oficial.
Sin embargo, los mensajes que llegaron de los distintos fondos es el mismo: que no hay acuerdo bajo esos términos. Por lo conocido hasta el momento, la discusión gira alrededor del VPN (Valor Presente Neto) de los bonos, en donde el Gobierno hace supuestos distintos a los representantes de los bonistas. También alrededor de la capitalización de los intereses durante el período de gracia y sobre la definición de un pago anticipado para aceptar el canje de títulos.
En cualquier variante que surja de la negociación y que sea aceptada por el gobierno, los montos en cuestión, son limitados en comparación con el resto de la deuda Argentina, el tamaño de su economía, y las enormes pérdidas que originaría el default. El pago anticipado sería de unos 5000 millones (1,5 por ciento de la deuda) y aumentar la paridad de los bonos en 10 puntos sobre la actual propuesta unos 7.000 millones (ese monto más el pago de los intereses se distribuirían a lo largo de 10 a 15 años). De allí que existen opiniones sobre que llegar a un acuerdo no estaría tan lejos, aunque también de quienes creen que el gobierno de Alberto F. optará por el default ya que no se movería de la actual oferta.
La alternativa de una cesación de pagos de la deuda aparece hoy muy lejana de las urgencias de la población y de evitar que la economía no siga cayendo, lo cual es entendible. También surge atractivo para los sectores políticos que siempre buscan culpables afuera de los errores propios.
El país declaró a lo largo de su historia unos nueve default de la deuda y en todos los casos debió regresar al sistema mundial pagando lo que debía. No ha habido ganancias en esas decisiones, salvo prolongar la crisis o estancamiento interno.
En pocas semanas quizás haya más certezas del camino que espera recorrer el Presidente. Aunque antes, debiera definir un programa económico para la actual cuarentena y un plan de salida del paro de los distintos sectores. Un programa que se proponga salvar a las empresas de la quiebra y el ingreso de sus millones de trabajadores y postergar los vencimientos impositivos, siguiendo las recetas de la gran mayoría de los países.
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