Otro revés para el ex jefe de Asuntos Internos: rechazaron la eximición de prisión

Un juzgado de garantías platense rechazó ayer el pedido de eximición de prisión presentado por el ex titular de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía bonaerense, Guillermo Berra, procesado en una causa que lo investiga por la presunta utilización de fondos públicos para obtener “información y almacenar datos” de personas que no tenían que ver con su actuación en la fuerza policial, informaron fuentes judiciales.

Así lo resolvió el juez Guillermo Atencio, quien reconoció en su fallo que “conforme al mínimo de la escala penal aplicable resulta procedente la concesión del beneficio”, pero lo denegó en virtud de “la gravedad institucional” del delito imputado.

La medida alcanza también a María Rosario Sardiña, pareja de Berra y auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales en la gestión anterior.

“Mis asistidos están colaborando desde el inicio de la investigación con pruebas que los desligan de responsabilidad penal”, dijo a este diario Marcelo Peña, defensor de los acusados. Anticipó que interpondrán una apelación, porque tienen “la tranquilidad de que no existen indicios en su contra y esto termina en absolución o sobreseimiento”.

Berra y Sardiña fueron procesados hace una semana por la fiscal Cecilia Corfield, quien los citó a indagatoria para el próximo 29 de junio a las 10 de la mañana, por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.

Consideró la titular de la UFI 15 que obtuvieron “información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”, para lo cual “hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados”.

La investigación contra Berra surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, el ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía que dejó el cargo en 2016, tras ser denunciado por Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada: constaba que tenía 7 propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, con un sueldo mensual de 48.000 pesos. Eso le valió el apodo de “comisario millonario”.

Martín acusó a Berra y a Sardiña de abuso de autoridad, Corfield allanó el año pasado las oficinas de AGAI y secuestró documentación y archivos informáticos con los que dictó los procesamientos.

La defensa insiste en que es “en la causa no hay nada relacionado con escuchas o seguimientos”, además de explicar que los Nosis (pedidos de información contable) tienen relación con el cotejo de las declaraciones juradas que presentaban policías de alta jerarquía y sus familiares directos - civiles-, algunos de los cuales son funcionarios de otros poderes, como fue el caso de una fiscal de La Plata.

Corfield apuntó que “la lista de personas físicas y jurídicas investigadas es extensa: “Marcelo Rochetti, en ese entonces jefe de Gabinete del ministro de Seguridad Cristian Ritondo; el ex juez platense César Melazo; los intendentes de Berazategui, Juan Patricio Mussi y de José C Paz, Mario Ishi”, entre otros.