Ñoquis en la Legislatura bonaerense: un pedido de juicio oral y un sobreseimiento en la causa que investiga desvíos millonarios

La Justicia bonaerense avanza en la investigación del escándalo en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires por una presunta red de "ñoquis" y "prestanombres" que habría operado en el Senado bonaerense. El foco de la pesquisa apunta directamente a la senadora Flavia Delmonte (UCR) y a su principal colaborador, Kevin Alan Razimoff, cuya situación procesal dio un giro significativo: la Fiscalía solicitó que sea enviado a juicio oral.

Por otro lado, en las últimas horas también se conoció que la Justicia sobreseyó a uno de los colaboradores de la legisladora. Se trata de Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, por quien el juez decidió "sobreseer totalmente" del delito que se le imputaba, que era el de "defraudación a la administración pública" al no hallar elementos de prueba, según consta en la resolución del juez Diego Olivera Zapiola, titular del Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Tuyú.

Ñoquis en el Senado: la trama del escándalo

Según se informó, la investigación, liderada por la fiscalía de Mario Rafael Pérez, se ha topado con persistentes obstáculos por parte del propio Senado provincial. Desde hace 15 meses, la Justicia ha solicitado el desafuero de la senadora Delmonte, un pedido que el cuerpo legislativo se ha negado a tratar, generando un estancamiento en la causa que ha obligado a la Fiscalía a desdoblar su estrategia. Ante la falta de respuesta sobre Delmonte, que tiene mandato hasta diciembre, la decisión es acelerar el proceso contra Razimoff.

Las acusaciones son graves: se sospecha que, a través de un sofisticado sistema de recaudación electrónica, se habrían desviado millones de pesos. La Fiscalía sostiene que se operó el homebanking de una de las denunciantes desde computadoras ubicadas en el Senado y en los domicilios de Razimoff, utilizando un nombre de usuario directamente vinculado a la senadora Delmonte. Este esquema de cobro irregular involucraría, al menos, a otros cinco supuestos empleados.

La senadora Delmonte ha rechazado enérgicamente las acusaciones, calificándolas de "operación" política destinada a perjudicar su precandidatura a la intendencia del Partido de la Costa. Argumenta que la investigación se basa exclusivamente en el testimonio de su excuñada y que carece de pruebas sólidas en su contra. Sin embargo, la Fiscalía destaca la negativa del Senado a colaborar, negándose a entregar listados de empleados y reglamentos internos, e incluso ocultando datos en la información proporcionada.

El caso trae a la memoria el antecedente del senador radical Antonio Armando Nieto, quien fue condenado por un esquema similar de "ñoquis", lo que añade una capa de presión sobre el oficialismo y la UCR en la Legislatura provincial. La definición del futuro judicial de Kevin Razimoff y la eventual discusión del desafuero de la senadora Delmonte prometen mantener en vilo la agenda política y judicial de la provincia de Buenos Aires en los próximos meses.

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