Grooming, mentiras y videos: caen expertos en extorsionar con secretos

Una lluvia de denuncias similares, todas vinculadas al delito de extorsión, comenzaron a llegar a la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía. La mecánica utilizada por los delincuentes era la misma: contactaban a la víctima y luego de ganar su confianza comenzaba la maraña de mensajes con los que buscaban embaucar, amedrentar y finalmente obtener un rédito económico.

El análisis de ese modus operandi repetido les dio la pauta a los investigadores de que se trataba de una única banda. Así empezó la pesquisa que culminó esta semana con ocho detenidos, cuatro imputados y 16 allanamientos realizados en el conurbano bonaerense. Además, también se llevó a cabo un procedimiento en la Unidad Penal de Olmos, ya que parte de los sindicados operaban desde las rejas.

EL GROOMING COMO “GANCHO”

Conforme precisaron fuentes oficiales, la extorsión comenzaba con una cita virtual. “Haciéndose pasar por una supuesta menor, el grupo delictivo mantenía comunicación por medio de las redes sociales o aplicaciones de citas con mayores de edad. Luego de conversar por chat y establecer cierta confianza, las charlas tomaban tintes eróticos”.

La situación continuaba con el intercambio de fotos íntimas y, en ocasiones, hasta se pactaban encuentros con fines sexuales que nunca sucedían.

Una vez que conseguían material multimedia “fuerte”, la estafa pasaba a una segunda fase. Con esas “pruebas”, volvían a comunicarse con los damnificados, pero ya sin la “pantalla” de la menor.

Entonces, por medio de WhatsApp, se hacían pasar por miembros de la Fuerza.

“Como foto de perfil poseían imágenes de efectivos policiales -por lo general de alto rango para darle verosimilitud al embuste- y les manifestaban que (las víctimas) tenían abierta una causa penal por pedofilia (grooming) con una pena estipulada de cuatro a cinco años de prisión”, explicaron los voceros.

Como en este tipo de delito el miedo es la herramienta más importante, algunos de estos nuevos contactos hacían alusión al encuentro pactado, con un agregado fundamental: “Referían que la supuesta menor había desaparecido de su domicilio, pero que contaban con su teléfono celular y en el mismo constaban las conversaciones donde se había coordinado la cita”, indicaron los portavoces.

Si ese mensaje causaba el efecto deseado, arrancaba la fase tres. “Como la causa era muy complicada, les solicitaban sumas que iban desde los $50.000 hasta los $100.000 pesos para desestimar dicha investigación. Y, que en caso de no llegar a un acuerdo, se continuaría con la causa, y en pocos minutos se le allanaría el domicilio”, detallaron. Ese dinero debía ser transferido a cuentas bancarias que después se transfería a otras.

Entre los mensajes que tiene en su poder la Justicia, algunos hacían referencia a que “tenemos todos sus datos, domicilio y demás”.

“Usaban un delito para cometer otro”, reflejó un investigador.

Con todas las pruebas presentadas por las diversas víctimas, personal de la Dirección Investigaciones Cibercrimen que depende de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, logró obtener las titularidades de los CBU aportados por los imputados, además de los propietarios de los abonados telefónicos y de las cuentas asociadas a la aplicación de mensajería y redes sociales.

Uno de los chats de WhatsApp que muestra la mecánica de la estafa

ALLANAMIENTOS Y PRESOS

Una vez que determinaron que todos los perfiles (civiles y policiales) eran falsos, continuaron con la identificación de los malvivientes. Así determinaron las localidades de los al menos 16 domicilios desde donde se realizaron los llamados. Asimismo, individualizaron a 12 sindicados.

Los allanamientos se realizaron en La Matanza, Moreno, Tres de Febrero, Lanús, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Quilmes, en el barrio porteño de Flores, en la Unidad Penal de Magdalena, en la Unidad Penal de Sierra Chica y en la Unidad Penal de Olmos.

Cabe recordar que los reclusos cuentan con teléfonos celulares a partir de una medida dictada por el juez Víctor Violini a mediados de 2020, en el marco de la cuarentena decretada por el Gobierno.

Las fuentes señalaron que en los registros realizados se secuestraron 60 celulares, notebook, tablets, discos rígidos, pendrives, posnet de Mercado Libre, tarjetas de crédito, tarjetas SIM, cuadernos con anotaciones de interés a la investigación, 603.500 pesos y 1.608 dólares.

Como se dijo, ocho personas fueron detenidas y otras cuatro quedaron imputadas -dejando constancia que entre estos últimos se encuentran presos cumpliendo su pena- en una causa caratulada como extorsión, que tramita la Unidad Funcional de Instrucción Delitos conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming a cargo de la fiscal Natalia Pecorelli.