La cancelación provocaría pérdidas incalculables

Sería algo inédito en tiempos de paz la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la crisis sanitaria supondría, un “sismo” con consecuencias económicas difíciles de predecir.

Formalmente, el contrato de la ciudad anfitriona firmado por los organizadores japoneses reserva esta responsabilidad al Comité Olímpico Internacional (COI), en caso de “guerra”, “desorden civil”, o si considera la seguridad de los participantes “seriamente amenazada” por “cualquier motivo”.

Pero el COI no tiene intención de cancelar el evento, porque está convencido de poder organizar unos Juegos “seguros”, toda vez que sobre dicho organismo recaen las esperanzas de al menos 11 mil deportistas clasificados.

Por otro lado, los llamamientos a “tirar la toalla” se multiplican en Japón, donde la población se muestra hostil a los Juegos, con un ritmo de vacunación muy lento y con elecciones nacionales y locales en el horizonte cercano.

“El COI por un lado desea mantener la imagen de que la decisión es suya, pero no impondrá los Juegos a las autoridades japonesas”, afirmó Jean-Loup Chappelet, profesor emérito de la Universidad de Lausana.

Completamente “política”, la decisión depende del Estado japonés y de Tokio, aunque a todas las partes les conviene “un anuncio conjunto con el COI, al igual que ocurrió en el aplazamiento de marzo 2020”, añadió.

Una gran parte del presupuesto del evento ya ha sido destinado a las distintas áreas, que a finales de 2020 era de 15.400 millones de dólares, más de la mitad de estos gastos corresponden a inversiones públicas en los recintos permanentes, concebidos para rediseñar de cara al futuro la imagen de la ciudad de Tokio.