Jubilados otra vez obligados a desafiar los contagios para poder cobrar

Desde hace catorce meses, cuando en marzo pasado se inició la cuarentena impuesta por el Covid-19, el cobro de jubilaciones bonaerenses vino repitiendo la postal de miles de adultos mayores aglomerados en el interior de los bancos y en las colas que –puntual e inexplicablemente, dadas las restricciones sanitarias dispuestas- se extendieron en muchas ocasiones en las veredas por más de una cuadra.

De modo que ahora, tal como lo reflejó la edición de ayer, una vez más quienes integran el denominado “grupo de riesgo” –esto es los mayores de edad, que merecerían los máximos cuidados- se vieron obligados a participar de aglomeraciones y largas esperas. En estos últimos meses, además, los jubilados del Instituto de Previsión Social bonaerense compartieron el ámbito bancario con aquellas personas que tienen turnos previamente asignados. Todos, claro está, para ser atendidos en las mismas ventanillas.

Si bien se pudo comprobar que en general se cumplía con las medidas sanitarias contra los contagios de coronavirus como el uso del barbijo o tapaboca, también se observó que en algunos casos no se respetaba el distanciamiento social obligatorio. Vale recordar que anteayer cobraron sus haberes los jubilados con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, mientras que en la jornada de mañana lo hará el resto.

Resultan ciertamente difíciles de entender los motivos por los cuales las autoridades del Banco Provincia –esto es válido también para las del Banco Nación- no han podido imaginar un sistema de pago a las personas mayores, que sea acorde a las recomendaciones y restricciones sanitarias que prohíben las concentraciones de gente y recomiendan, además, una especial consideración hacia las personas mayores, para ponerlas a salvo de las consecuencias propias de la pandemia.

Argüir que existen otras opciones para evitar largas colas ante las ventanillas, concretamente el cobro por cajeros automáticos o la alternativa de recurrir a tarjetas de débito y crédito, o retirar dinero de los supermercados, de los rapi-pagos u otras variantes habilitadas, sería desconocer que deben de ser miles las personas jubiladas –y otros tantos, también, los empleados activos- que prefieren no emplear esas opciones y seguir recurriendo, en cambio, a la recepción de sus haberes o sueldos a través de las ventanillas.

Por consiguiente, mientras sigan siendo numerosos los adultos mayores que eligen esta última fórmula, debieran ser las autoridades bancarias las responsables de organizar operativos de pago que no impliquen riesgos sanitarios para ellas ni para la propia población, dada la ya probada capacidad de contagio que caracteriza al Covid-19.

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Por otra parte, no deja de resultar contrastante que desde los distintos gobiernos se postule la aplicación de sanciones –inclusive penales- a quienes incumplan con los protocolos y pautas muy estrictas que se establecieron y que alteraron en forma drástica la funcionalidad de áreas tales como las de educación, industria, comercio, prácticas deportivas y, en general, todo el quehacer comunitario, mientras que mes tras mes miles de jubilados se ven obligados a quebrantar esas normas y a poner en grave riesgo su salud, para poder cobrar sus haberes.