Tensión piquetera por la baja de más de 20.000 planes sociales

La relación entre los movimientos sociales y el Gobierno no pasa por su mejor momento. Cuando el año muestra sus últimos destellos, aún aquellos dirigentes afiliados al Frente de Todos amenazan con una eventual ruptura si no se atienden sus reclamos (piden, por ejemplo, el pago de un bono), mientras otros intentan algún gesto que pueda acercarlos a Alberto Fernández. Algo así como una promesa de que no continuará la baja de los planes sociales, después de que la semana pasada se le haya pasado la tijera a más de 20.000 y tras los dos días de demora en la liquidación del Potenciar Trabajo (el principal programa del Ministerio de Desarrollo Social), que elevó la tensión al máximo.

Sucedió entonces que la ministra Victoria Tolosa Paz debió esperar autorización de la justicia federal -que investiga el Potenciar Trabajo- para aprobar el pago del beneficio que alcanza a 1,3 millones de personas.

El Gobierno, como se mencionó, le pasó la podadora a 20.410 planes. Eso es bastante menos que los 150.000 que se evaluó en un primer momento. Mientras los movimientos sociales están alertas a la auditoría que la ministra prepara sobre todos los beneficiarios para enero, emplazada por el juez federal Ariel Lijo.

Para los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) -afines al Gobierno-, “lo de la Justicia es un verso, ella (por la ministra) busca ampararse en Comodoro Py por el recorte que quiere hacer, porque ella quiere dar de baja 150.000, no 20.000”, según advirtió en declaraciones periodísticas un dirigente piquetero y recordó que antes de liquidar el Potenciar Trabajo de noviembre, Tolosa Paz pidió hacer un amplio cruce de información para detectar irregularidades: se estableció, entre otros criterios, que aquellas personas que en los últimos seis meses hubieran percibido ingresos superiores a dos salarios mínimos o con gastos con tarjeta de crédito por encima de dos salarios mínimos o que hubieren comprado dólares no podían percibir el beneficio.

La ministra quiso avanzar con el ajuste, pero el Presidente intervino y entonces el recorte fue bastante menor.

Sin embargo, en la dirigencia piquetera (aún la más cercana al Gobierno) hay resentimiento: “La ministra le tiene miedo a la Justicia. Si quieren seguir castigando a los de abajo va a haber un quiebre con nosotros”, disparó en estos días un legislador que representa a los movimientos sociales e integra el Frente de Todos en el Congreso.

No obstante, la reducción de fondos planteada por Tolosa Paz, en los hechos, todavía no se concreta. Basta nomás con reparar en que, al hacer efectivo el pago de los haberes de noviembre del Potenciar Trabajo, el Gobierno elevó el gasto en ese programa a $ 410.000 millones. Eso es el doble que lo previsto a principios de año. En tanto que desde la asunción de la ministra platense (a mediados de octubre), ya se desembolsaron $ 88.000 millones extra al plan que maneja el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Y el presupuesto, previsto inicialmente en $ 227.100 millones, alcanzó los $ 410.000 millones cuando todavía faltan tres semanas para el cierre de 2022.

Pérsico es junto a Esteban “Gringo” Castro, secretario general de UTEP, uno de los referentes piqueteros más proclives al diálogo. También el titular del Evita, que gestiona para esa organización los cobros que él mismo reparte desde el Estado, es uno de los que más recursos recibe.

“Emilio y el Gringo son los que buscan bajar la tensión con Tolosa Paz para ver qué se puede lograr por las buenas”, dijo en las últimas horas un líder piquetero y confirmó que, tras los reclamos promovidos por piqueteros opositores y oficialistas ante la baja de los 20.000 planes, el Gobierno trabaja en el pago de un bono de fin de año para los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Una promesa, como para calmar los ánimos, de la que no se tienen mayores detalles.