La decisión de someter a un nuevo proceso oral y público al docente Lucas Puig, acusado por presuntos abusos en un jardín de infantes de Los Hornos, está envuelta en una serie de planteos técnicos, que abren un interrogante sobre la posibilidad de comenzar el debate en la fecha estipulada, esto es, el próximo 14 de junio.

Si bien el Tribunal I de La Plata, integrado por Hernán Decastelli, Ramiro Fernández Lorenzo y Cecilia Sanucci, ya se expidió en rechazo a la cuestión esgrimida por el docente, que cuenta con el patrocinio letrado de los abogados Daniel Apaz y Adrián Fernández Koenig, de acuerdo a fuentes de tribunales ahora recurrirá esa denegatoria ante la Cámara Penal.

Concretamente, Puig esgrimió la “litispendencia”, ante la existencia de otras investigaciones penales “impulsadas por los mismos denunciantes y por el mismo hecho punible”, destacó en su presentación.

“Es así que desde el año 2015 a la fecha, estoy sometido a dos nuevas IPP, por los mismos hechos, por los mismos denunciantes y por la misma representante del Ministerio Público Fiscal, en la que interviene otro órgano jurisdiccional, sin que hasta el presente se me haya concedido el remedio procesal solicitado (a la fecha me encuentro sometido por el designio jurisdiccional a dos procesos, sumado a este, con la concebida identidad)”, señaló.

Seguidamente, Puig mencionó que “esta referencia objetiva, de existencia material, presente e innegable, representa la irregular situación de litispendencia que se denuncia, y por la que deben suspenderse los plazos procesales, hasta tanto se resuelva la misma”.

Como se sabe, Puig fue absuelto por mayoría en un primer proceso oral, pero ante los recursos de la parte acusadora, la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, con votos de los jueces Jorge Celesia y Martín Ordoqui (actualmente apartado de sus funciones por estar investigado en otras actuaciones por los delitos de cohecho y tráfico de influencias), anuló el proceso y ordenó un nuevo debate oral, para que se haga un minucioso análisis de toda la prueba recabada.

Según entiende el imputado, “el dato saliente resulta que, en su recurso de Casación, los recurrentes, tanto privados como públicos, omitieron informar al órgano que debía intervenir de la existencia e interposición de estas nuevas denuncias, por lo que, en el mundo de existencia real, coexisten dos afirmaciones distintas, por los mismos denunciantes, pero en diferentes órganos jurisdiccionales, con lo cual se provocan, no solo resoluciones disimiles y contradictorias, sobre un mismo hecho punible sobre mi persona”.

Esta situación, a entender de Puig, es de “una alarmante gravedad institucional, que colisiona en forma flagrante entre otras, con el derecho de defensa del imputado, cercenando las más sagradas garantías del derecho, no solo a una tutela judicial efectiva, sino impidiendo el ejercicio de todos los derechos y garantías consagradas por nuestra carta magna, las que deben entenderse como el conjunto de principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, y que tienen por finalidad, inexcusable, otorgar al imputado un marco de seguridad jurídica y equilibrio funcional”.

En esta cuestión, existiría un dato clave, ya que todo el desarrollo del primer proceso apuntó a la posible existencia de los abusos durante el año 2010 y, sobre ellos debería existir ahora el pronunciamiento ordenado por Casación, aunque las nuevas denuncias, con identidad de protagonistas, situarían los hechos en 2009.

Con estos argumentos, Puig ya tendría tomada la decisión de apelar la decisión del Tribunal I y someter el diferendo al órgano de Alzada, que en definitiva deberá definir si hace o no lugar a la “litispendencia” esgrimida.

Cabe destacar que, en caso de realizarse el debate, está designado como fiscal el doctor Martín Chiorazzi.

El debate oral, tal como está previsto por el Tribunal I, debería extenderse del 14 al 24 de junio