La crisis económica no se resuelve con un mercado persa en las plazas

La plaza San Martín de nuestra ciudad, la más cargada de historia, la que en su contorno tiene a la Casa de Gobierno, a la Legislatura, al complejo cultural Dardo Rocha y a organismos de las justicias federal y provincial, se encuentra virtualmente sofocada por decenas de gazebos, en los que se comercia informalmente prendas de segunda mano y otras correspondientes a marcas falsificadas o piezas que provienen del contrabando. En la plaza que convoca la presencia de los tres poderes gubernamentales, la ilegalidad encontró su mejor apeadero.

Tal como se dijo ayer en este diario, lejos de permanecer ajustada a las autorizaciones pertinentes y a las normas de la Municipalidad local, la feria de ropa de la plaza San Martín se extiende a lo largo y a lo ancho de los canteros, ocupa espacios verdes y se ha convertido literalmente en un mercado persa.

Como se sabe, lo que caracteriza a los denominados “mercados persas” es el completo desorden, la falta de organización y de regulación de sus actividades informales, ya que en esos lugares se vende de todo, sin ningún tipo de control y, desde luego, se instalan de manera arbitraria en cualquier lugar de las ciudades. Vale aclarar, de las ciudades que los permiten.

Tal como denunciaron ayer ante este diario vecinos y comerciantes, en la plaza San Martín ya no sólo hay gazebos donde se venden prendas y accesorios de vestir, sino que la oferta se extiende mucho más allá del eje autorizado para la modalidad “manteros”, y se advierte, por otra parte, que además de ropa de segunda mano también se comercializa mercadería sin estrenar, recién salida de los talleres textiles.

Se permite así que desde el principal lugar público de la Ciudad se entable una competencia desleal directa con los comerciantes establecidos en muchas de las calles aledañas, en los que el empresariado, para poder vender indumentaria, debe afrontar una serie de gastos, entre otros el alquiler del local, el pago de salarios a empleados y las obligaciones sociales y las tasas municipales, así como los impuestos nacionales y provinciales.

Además, claro, de tener que cumplir con una abultada serie de requisitos higiénicos y de otra índole en sus locales, como los pagos de los distintos servicios públicos.

El año pasado, el Municipio y distintas asociaciones que representan a vendedores ambulantes acordaron la asignación de 250 espacios con destino a “feria americana” en tres plazas céntricas: la Rocha, la San Martín y la Italia. Según se determinó en esa oportunidad, los puestos se presentarían con el sistema de corredores de estructuras metálicas.

Esos 250 espacios iban a distribuirse 80 en plaza Rocha, 50 en San Martín y 120 en Italia. Según el acuerdo, los únicos vendedores autorizados a la actividad en esos espacios verdes, oportunamente censados, fueron quienes acreditaron domicilio en La Plata. Esos números, según se denunció ahora, quedaron totalmente superados ya que los gazebos instalados exceden a los dispuestos. Y la mayoría de los puesteros instalados no son de nuestra ciudad.

Se ha dicho ya y es preciso insistir: los problemas que plantea la crisis son de enorme magnitud y el empresariado puede dar fe de ello. La venta ambulante –prohibida en muchos distritos del Gran Buenos Aires- es exactamente lo contrario de lo que se necesita para que el país se desarrolle y avance.

El Estado debe ocuparse a través de otras vías de la situación de emergencia que puedan atravesar los puesteros, pero lo que no debe hacer –y es lo que lamentablemente hace, tal como lo expresa el empresariado- es suponer que se pueda fomentar la ilegalidad y que ello aparejará beneficios.