Continúa en nuestra zona el flagelo social de las tomas ilegítimas de tierras

El hecho de que en un intento de tomas en el barrio platense El Retiro hayan usurpado parcelas de tierra de la escuela agrotécnica Juan XXIII, que no puede dar clases en el campus y cuyas autoridades realizaron las denuncias correspondientes, marca hasta qué extremos de anarquía ha llegado esta espinosa cuestión en nuestra zona, que se ha visto plagada de ocupaciones ilegales en los últimos años. Algunas causas que inician los propietarios para recuperar su terreno se demoran y en otras, los procesos son derivados al fuero civil donde también cpueden pasar varios años para lograr una sentencia.

Por lo pronto, tal como se ha señalado en otras ocasiones, sería desalentador suponer que las autoridades desconocen las derivaciones negativas que, inclusive para quienes las protagonizan, se desprenden de las usurpaciones de tierras.

Además de los derechos privados y públicos que se vulneran –los de propiedad en primer término y, luego, todas aquellas obligaciones relacionadas a los tributos fiscales que se evaden y los asentamientos precarios que de inmediato se propagan, carentes de los servicios públicos elementales como el agua, la luz y las redes cloacales, entre muchas otras irregularidades- es también el conjunto social el que sufre a partir de este delito organizado por mafias que sólo

Tal como se reflejó en este diario, los frentistas que viven en la zona de 44 y 155 realizaron varios cortes de calle para visibilizar y rechazar que se ocupen lotes, en los que aseguraron que en los últimos días, grupos de personas que no son de ese barrio se metieron en terrenos de 158 y 46 con intenciones de asentarse en el lugar. Los usurpadores ocupan terrenos del colegio y no se encuentra garantizada la seguridad de los estudiantes, añadieron.

Entre la suma de anormalidades que acompaña a toda ocupación de tierras, es llamativo también que desde hace mucho tiempo se hable muy poco de los planes oficiales de vivienda, cuando la crisis habitacional pasa por ser acaso la que necesite la más prioritaria de las atenciones.

Sea como sea, debe reiterarse que el Estado, que brega para imponer el orden en todos los quehaceres, permite en este caso la anarquía, el arrebato, la evasión impositiva, el asentamiento habitacional privado de servicios públicos y, asimismo, las inevitables derivaciones caóticas que supone toda ocupación de tierras. Es el Estado –desde hace muchos años- el que da luz verde a la anomia y, por cierto, las consecuencias son extremadamente negativas para el verdadero progreso y bienestar de la población.

Ninguna ciudad debe permitir que se irradie un urbanismo caótico, que perjudica en forma integral a la sociedad. Bien se conoce que, tanto los propios intrusos como los vecinos históricos terminan por sufrir, a partir de una toma ilegal, toda clase de problemas y privaciones, sea por la profusión de conexiones clandestinas a las redes de luz, agua y cloacas, o por la inexistencia de las principales redes de servicio.

El Estado es el que debe ocuparse por otras vías de enfocar y resolver la cuestión. Otra cuestión y muy distinta es que se permita –como ocurre en muchos de los casos- el vale todo, el despojo, el accionar de bandas dedicadas a robar propiedades inmuebles. Está claro que las usurpaciones no son la fórmula para resolver el grave problema de la falta de viviendas.