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Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
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Después del triunfo legislativo que obtuvo ayer, acaso resaltado por su notable escaso número de diputados, el oficialismo optó por cierta moderación en la post-votación que posibilitó blindar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Situación que en algún punto contrastó con la actitud que tuvieron los libertarios cuando lograron mantener otro veto, el de la reforma a la movilidad jubilatoria, hace de eso algunas semanas.
El presidente Javier Milei vuelve a deberle mucho a Mauricio Macri, cuyos legisladores -salvo un par de excepciones- acompañaron las necesidades del Gobierno. También, al aporte de ciertos gobernadores aliados, incluidos un par de peronistas como el tucumano Osvaldo Jaldo o el catamarqueño Raúl Jalil, quienes ordenaron a sus diputados alinearse con una Libertad Avanza que cuenta con sólo 39 representantes puros.
Al final logró 85 adhesiones, lo que habla de los acuerdos políticos que pudieron cerrar los operadores libertarios en trabajo conjunto con los macristas, que se abocaron a esa faena luego de una reunión decisiva entre Macri y el asesor presidencial, Santiago Caputo, realizada hace días. También, existió una llamada clave entre el expresidente y el actual, según fuentes del gobierno.
Un puñado de radicales también votaron en contra de la postura orgánica de su partido (esto es, insistir con la ley). La UCR tiene una presencia histórica muy fuerte en las universidades al punto que, para esa centenaria fuerza, las mismas resultan una estratégica cantera de dirigentes y, dirían los libertarios en modo chicana, acaso una caja de financiamiento político.
El radicalismo, con la asistencia de un kirchnerismo en clave de opositor feroz, siempre trató de direccionar el debate sobre este tema -tanto a nivel legislativo como en la sociedad- en el sentido de que el gobierno directamente quiere eliminar la educación superior pública. El principal argumento del mileismo ha sido que la ley de financiamiento universitario se vetaba porque comprometía las cuentas públicas, al no especificar de dónde saldría la partida presupuestaria correspondiente. Y que, en definitiva, comprometía todo el plan económico de Milei, basado en achicar el déficit fiscal como primer paso para bajar la inflación.
Manuel Adorni. el vocero de Milei escribió esto en la red X apenas concluida la votación: “El equilibrio fiscal es política de Estado: es absolutamente innegociable”.
Según las cuentas opositoras, si la ley prosperaba hubiera significado un impacto fiscal del 0,14 por ciento del PBI, un numero de baja importancia para el volumen de las erogaciones de Argentina. El gobierno, por supuesto, siempre dijo que representaría mucho más pero además, tal vez porque vio que es uno de los temas transversales que realmente mella su imagen, procuró meter en el debate el germen de la sospecha. ¿Cómo? Cuestionando la reticencia de las autoridades de todas las universidades públicas a que les revisen las rendiciones de gastos, plata que en definitiva sale de los impuestos de todos los contribuyentes argentinos.
Para el gobierno, en verdad, la pelea con el mundillo de las universidades era un tironeo más político que numérico: Milei nunca toleró, porque con razón leyó que se podría esmerilar su liderazgo, que la oposición le imponga una ley que lo fuerce a hacer un gasto que él no decide. Sería un signo de fragilidad institucional, razonaron en la Rosada
Por eso desde Balcarce 50 desperdigaban anoche un cierto alivio, explicado en que realmente había temor a que un resultado negativo para el gobierno -o sea, que la ley quedara firme- hubiera tenido una dañina repercusión en los mercados. Justo en momentos en que el dólar blue está bajando, para sorpresa de muchos, al igual que el riego país.
El otro costo para el Presidente, el social, Milei ya lo pagó con las dos marchas multitudinarias que le hicieron: la de abril pasado y la más reciente, que incluso contemplaron presencias de parte del universo de votantes que lo hicieron presidente en el balotaje de noviembre del año pasado. Ese test que, en su propio relato, lo ubica como el mandatario más votado de la historia. Aunque no es un dato exacto: fue Juan Perón, en los comicios de noviembre de 1951, su reelección, con 63%.
Habrá que reconocerle a los libertarios cierto coraje para llevar el conflicto hasta el límite. Eso los obligó, también, a concesiones. Que deberían cumplir porque, en verdad, la amenaza de los dos tercios en contra que puede formar la oposición sigue ahí latente y es cada vez más evidente que LLA depende del ánimo del PRO y aliados menores para alejar fantasmas.
Macri sería el beneficiario de la mayoría de ese ejercicio de ceder algo a cambio de apoyo parlamentario. La política decía ayer que el líder del PRO se habría llevado la promesa de tener injerencia, a través de técnicos de su espacio, en áreas sensibles como Energía (¿será verdad que el especialista Emilio Apud pinta para ser el recomendado por los amarillos) o en la estratégica Hidrovía del río Paraná, próxima a licitarse nuevamente y fruto de un silencioso tironeo estratégico en esta parte del mundo entre China y Estados Unidos.
También se supone que, a partir de ahora, el macrista Cristian Ritondo, jefe de bloque PRO, tendrá más participación en las decisiones que atañan a la Cámara baja. Macri siempre lo quiso en lugar del titular del cuerpo, Martín Menem, pero por ahora hasta ahí no llega la predisposición presidencial a ceder frente a él. Se verá a fin de año, cuando se renueven las autoridades.
Pero para el Gobierno, el frente universitario -que ya convocó a un paro total para hoy- no está cerrado. Queda la pelea por la mejora salarial de los docentes, a los que otorgó un nuevo aumento de un 6,8 por ciento. Bien lejos del reclamo de los gremios. Y además, el financiamiento educativo indefectiblemente se volverá a discutir en el debate del Presupuesto 2025, donde el argumento de cuidar el déficit fiscal en esta coyuntura de ajuste se vuelve más endeble. O, digamos, menos defendible para los que no son propios.
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