Piden expulsar a diputados en el bloque del radicalismo
Edición Impresa | 17 de Octubre de 2024 | 01:50

El diputado de la UCR Fernando Carbajal advirtió ayer que si el bloque no acepta el pedido de expulsar a los cuatro “radicales con peluca” que ayudaron al Gobierno a blindar el veto a las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario, se dividirá la bancada.
El pedido de expulsión recae sobre Mariano Campero, Luis Picat, José Federico Tournier y Martín Arjol, en tanto que algunos apuntan también a un quinto representante radical, Pablo Cervi, porque votó en contra de la ley previsional y se abstuvo ante la norma sobre actualización de partidas para las universidades.
“La mayoría del bloque, casi la totalidad, se expresó en el sentido de que no quieren seguir compartiendo espacio con diputados que se han hecho oficialistas”, señaló el legislador.
No obstante, reconoció que “está más parejo” el escenario en cuanto a “la decisión formal de expulsarlos”, dado que un sector prefiere darle una nueva oportunidad bajo la condición de que se comprometan a seguir los lineamientos del partido.
“Nosotros no aceptamos eso porque entendemos que la convivencia con ellos es imposible. Para nosotros la foto con (el presidente Javier) Milei es una decisión política de irse del bloque”, enfatizó.
Y agregó: “Han hecho un abuso de sobreactuación pública, con descalificaciones mediáticas. Incluso uno de ellos (por Campero) ha dicho públicamente que quiere ser candidato a gobernador de Tucumán por el oficialismo”.
En este sentido, el legislador opositor comentó que le pidieron al presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, que dialogue con ellos y les transmita que tienen la posibilidad de “irse solos sin llegar al extremo de la expulsión”.
No obstante, Carbajal sostuvo que no observó en el cordobés “ninguna voluntad” para pedirles a los cuatro diputados que se alejen del bloque.
En el sector que conduce la bancada buscan retener en el bloque a estos diputados que colaboraron con el oficialismo, y además denuncian una presunta “doble vara” a la hora de evaluar las conductas de los legisladores.
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