La Justicia debería dar un golpe efectivo sobre los desarmaderos ilegales

La detección en nuestra ciudad de un desarmadero ilegal de automóviles robados y su posterior desmantelamiento, en una investigación judicial y policial que permitió detener al responsable del lugar -que tenía autopartes valuadas en 45 millones de pesos- constituyó un paso positivo en la lucha frontal que debe darse contra el delito.

Tal como se informó, la investigación de varios robos de vehículos ocurridos en La Plata y la Región derivó en que durante las últimas horas la Justicia ordenara un allanamiento en un “taller” de Melchor Romero. Y el resultado fue preciso: cuando la policía ingresó, se encontró con lo que buscaba. Cientos de autopartes “cortadas”, neumáticos y repuestos, ese fue el resultado de la requisa realizada en el operativo que llevó adelante la policía bonaerense, bajo la conducción de la fiscalía 16 y del juzgado de Garantías 5 de La Plata.

Entre las 900 autopartes secuestradas había ópticas de diferente modelos y marcas, paragolpes traseros y delanteros, espejos retrovisores, amortiguadores delanteros y traseros, caños de escape, silenciadores, asientos, amortiguadores, trenes delantero y traseros, arañas, torpedos mangueras, blocks, espirales, cien puertas de diferentes rodados, quince tapa baúl, cinco capot, cien butacas, cincuenta cajas de cambio, seis motores, 40 carters. Además de siete vehículos, cinco autos, dos camionetas y herramientas de corte.

En numerosas oportunidades se ha tratado en esta columna acerca de la negativa y gravitante influencia que ejercen en la Provincia los desarmaderos ilegales, que operan tanto sobre el robo de vehículos de mayor porte y de motocicletas, como de cables de servicios públicos, tapas metálicas y muchos objetos que necesitan ser reducidos para ser vendidos como metales.

Estas modalidades delictivas, convertidas en un verdadero flagelo social, no sólo se reiteran cotidianamente -en el caso de los cables con “cuadrillas” que operan a la vista de todos, simulando pertenecer a organismos públicos o empresas concesionarias- sino que ponen en evidencia la existencia de organizaciones delictivas montadas sobre la base del funcionamiento de estos establecimientos.

Hace cinco años se logró detectar y desactivar un negocio ilegal que se traducía en el desguace de unos 160 automóviles por mes en nuestra zona, según pesquisas y allanamientos realizados en distintos barrios. Sin embargo, lo cierto es que los desarmaderos ilegales son perfectamente ubicables y que, sin embargo, permanecen operativos por años y años, a la vista y paciencia de las autoridades. Cuando no, en oportunidades, amparados por la complicidad de algunos funcionarios públicos.

Las autoridades debieran advertir que es justamente en la ilegalidad -derivada, en varios aspectos, de algunos vacíos normativos- en la que suele desarrollarse esa actividad donde se encuentra la simiente de un delito que se traduce no sólo en perjuicios económicos, sino, lamentablemente, en tragedias que llenan de dolor a la sociedad.

Si los desarmaderos ilegales son ubicables, la policía y la Justicia deberían dar un contundente golpe en la matadura, para terminar con ellos y en este caso con el robo de automotores.