Está el fiscal para investigar la denuncia contra Garro
Edición Impresa | 9 de Noviembre de 2024 | 04:26

La denuncia contra el ex intendente platense Julio Garro, bajo la carátula de “abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”, donde se habla de presuntos vínculos entre la gestión y desarrolladores inmobiliarios, será investigado por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien está a cargo la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 16 de La Plata.
Así se conoció luego de que la presidente del Colegio de Abogados y actual secretaria de Justicia de la Municipalidad de La Plata, Mariana Mongiardino, ratificó formalmente los cargos señalados. En la denuncia plantea que el jefe comunal entre 2015 y 2023 autorizó desarrollos inmobiliarios sin las autorizaciones legales correspondientes, lo que representaría un perjuicio económico de alrededor de 1.500 millones de pesos.
Se trata de una “denuncia penal contra los funcionarios públicos del Departamento Ejecutivo Municipal de la gestión extendida desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2023, por los posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal argentino), al cometer una serie de irregularidades gravísimas desobedeciendo la orden expresa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica prescripta por la normativa vigente (cfr. art. 83, Decreto Ley 8912/77). Normativa no cumplida por el ejecutivo municipal anterior, permitiendo urbanizaciones ilegales sin cumplir con las leyes provinciales, y perjudicando tanto al erario público como a los habitantes de la ciudad”.
PRESUNTA MANIOBRA
En el escrito judicial aseguraron que la presunta maniobra de la que acusan a la gestión de Garro “permitió y promocionó una cantidad desproporcionada de barrios cerrados que bajo un manto de legalidad constituían, sin lugar a dudas, un claro delito de estafa por parte de los desarrolladores al comercializar loteos que no contaban con la aprobación legal correspondiente, pero que aun así eran promocionados con el aval del gobierno local”.
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