Acusan a un chico de 10 años de abusar de dos nenas en su escuela: le quemaron la casa
| 12 de Noviembre de 2025 | 10:32
Una grave denuncia sacudió ayer la comunidad escolar de la Escuela Primaria Nº 21 ubicada en la calle Bolívar 9005, barrio Jorge Newbery, donde se investiga un presunto abuso sexual cometido por un alumno de 10 años contra dos compañeras de 6-7 años durante el recreo.
Según la denuncia presentada por la madre de una de las víctimas, el menor acusado se escapó del aula durante el recreo y se acercó a las dos niñas, “agarrándolas a la fuerza” y tocándoles la zona vaginal, por encima de la ropa. Inmediatamente, intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, junto al asesoramiento de la Asesoría de Menores e Incapaces y el Servicio Local, para garantizar los derechos de los menores involucrados.
La denuncia generó una reacción explosiva: alrededor de las 16:30, unas 200 personas se congregaron frente a la escuela exigiendo “justicia por mano propia”. La tensión escaló: hubo arrojo de objetos contra la policía, efectivos con lesiones leves, daños en vehículos policiales y finalmente la vivienda del menor acusado fue incendiada por un grupo de vecinos.
Debido a los graves incidentes, los gremios docentes de la zona decretaron una medida de fuerza por 24 horas en todos los establecimientos públicos y municipales del partido de General Pueyrredón.
La Justicia juvenil se encuentra recabando testimonios tanto de las menores como de personal docente y directivo del establecimiento. De acuerdo con fuentes judiciales, el alumno denunciado no volvería al aula convencional sino que seguiría su escolaridad mediante un módulo domiciliario o similar.
Este caso reabre el debate sobre la prevención del abuso sexual infantil en las escuelas, el control de las dinámicas de recreo, la supervisión docente y la respuesta institucional ante denuncias de esta naturaleza. Por otro lado, la reacción violenta de los adultos plantea cuestionamientos acerca del debido proceso, la protección del menor acusado y la intervención policial-social en contextos de alta conflictividad.
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