Presos que manejan bandas delictivas desde los calabozos

El operativo ordenado por la Justicia Federal y llevado adelante por Gendarmería Nacional, que permitió comprobar la existencia de una poderosa banda dedicada al narcotráfico en la Provincia, cuyo “cerebro” se encontraba detenido en la Unidad 9 de nuestra ciudad que coordinaba la adquisición, distribución y comercialización de estupefacientes, obliga a las autoridades bonaerenses a realizar una profunda investigación acerca la permisividad existente para que desde los penales algunos detenidos puedan continuar organizando y cometiendo delitos.

En ese contexto se realizaron allanamientos en domicilios ubicados en los partidos de Tigre y San Martín, como así también en las Unidades carcelarias Nº 9 de La Plata, la Nº 1 de Olmos y la Nº 31 de Florencio Varela. Los efectivos de Gendarmería, dirigidos por el juzgado federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de San Isidro, lograron el decomiso de cocaína, marihuana, balanzas de precisión, armas de fuego, municiones, divisas, rodados, elementos de fraccionamiento y dispositivos tecnológicos. En total, cuatro mujeres y un hombre quedaron a disposición de la Justicia, bajo sospecha de estar vinculados a la organización criminal.

La organización era liderada por un detenido de la Unidad 9 de La Plata, que coordinaba con otros dos reclusos de las Unidades Nº 1 de Olmos y Nº 31 de Florencio Varela, que tenían ayuda de sus familiares para la adquisición, distribución y ventas de drogas específicamente en la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre. Celulares, chips, routers improvisados, servidores caseros, pendrives e incluso tablets adaptadas se convirtieron en la columna vertebral de un sistema que permite coordinar ventas, ordenar ataques, extorsionar y administrar dinero con sorprendente impunidad.

Ciertamente causa sorpresa y no poco desaliento comprobar que, pese a los supuestos controles y a las declamadas prevenciones que decían haber tomado las autoridades penitenciarias, las cárceles bonaerenses sigan siendo centros de operaciones de muchas bandas delictivas, en este caso dedicadas nada menos que al narcotráfico. La causa federal, que demandó un año y siete meses de investigaciones, permitió comprobar que desde el interior de las cárceles se conducen y mantienen activas bandas y estructuras delictivas.

Según lo señalaron muchos especialistas, lo cierto que este es el resultado de políticas demagógicas y poco profesionales –acaso también mal intencionadas- que, en los últimos tiempos, llevaron el estado de cosas a un nivel que logró poner en verdadero colapso a buena parte del sistema penitenciario provincial.

No se trata de violar ningún derecho personal o de transgredir las leyes, sino, tan solo, de no permitir que la delincuencia siga operando desde las cárceles. Suficientes dramas atraviesa la población, desbordada por una delincuencia que no le da respiro, como para que desde las cárceles sigan operando ladrones, asesinos o narcotraficantes. Las medidas a tomar –que resultan ser muy evidentes, pero que, por lo visto, no se toman- debieran apuntar a devolverles a las cárceles los niveles de seguridad y reeducación de los presos. Y no que se les permita el absurdo de que sigan tramando y cometiendo delitos desde los calabozos.