Dos golpes para el Gobierno: por qué se postergó la reforma laboral y los votos que cambiaron por el Presupuesto

El Gobierno nacional había logrado la aprobación del Presupuesto en general pero la oposición se desquitó al dejar afuera un capítulo entero del proyecto, que incluía el famoso artículo 75 que derogaba de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad.

Por lo inesperado del desenlace, que le valió un festejo de guerra en el recinto, fue la oposición la que se quedó con las mejores sensaciones, mientras que el oficialismo, abrumado, se hundió en un mar de tribulaciones y deposita su única esperanza en reponer la parte suprimida en el Senado.

El Gobierno movió cielo y tierra para blindar el capítulo, en especial el ministro de Interior, Diego Santilli, con los gobernadores más cercanos al oficialismo.

Además de la derogación de las leyes de discapacidad y universidades, insertó en el mismo paquete la restricción de la zona fría de usuarios de gas, que le quitará subsidios a algunas regiones con climas hostiles.

También incluyó allí la quita de la automaticidad en las actualizaciones de prestaciones de ANSeS como las asignaciones familiares, AUH y Asignación por Embarazo, para darle discrecionalidad a los aumentos.

Al mismo tiempo, para que algunos diputados votaran este tipo de medidas impopulares incorporó en el mismo capítulo la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. La lectura fue que con los votos del PRO (muy susceptible a las finanzas porteñas) alcanzaría, pero le estaba pidiendo demasiado a otros aliados “más caros”, como los gobernadores, que no se iban a inmolar así porque sí.

Hasta la bonaerense radical Karina Banfi, una habitual subordinada al Gobierno, se echó atrás cuando la pusieron en el brete de darle la espalda a discapacitados y universidades. "Nadie es libertario gratis", dijo un diputado nacional de Unión por la Patria.

En realidad el problema fue confección del articulado: poner tantas reformas en un solo capítulo era un arma de doble filo porque le impedía a los diputados poder diversificar su voto, avalando algunas medidas y rechazando otras.

En el dilema de tener que pronunciarse “por sí o por no”, como sintetizara en el último debate presidencial Sergio Massa, muchos diputados eligieron el “no”.

“Lo del Gobierno es muy de principiante. Es increíble que le sigan pasando estas cosas. Ya les había pasado con la Ley Bases. Negocian poco y mal, y son malos en la estrategia”, señalaron también de Unión por la Patria.

La votación a las 3hs. de la madrugada de los lugares para la Auditoría General de la Nación, para que la población no se diera cuenta de los acuerdos corporativos de pura "casta", fue la prueba más fehaciente de que el Gobierno debía pagar favores a cambio de los apoyos al Presupuesto.

Detrás de las cortinas del recinto, esperando la orden para entrar a jurar como diputada nacional, se encontraba la salteña Pamela Calletti, ex diputada nacional de Innovación Federal, citada después de la medianoche para finiquitar el reparto de cargos.

Pablo Outes y Yolanda Vega votaron con el oficialismo para blindar el artículo 75, pero Bernardo Biella votó con la oposición.  A pesar de ello, Calletti juró como nueva auditora general y cobrará un sueldo millonario que duplica lo que percibía como legisladora nacional hasta hace días, cuando culminó su mandato en el Congreso.

Entre los gobernadores, al Gobierno le respondieron positivamente los de Misiones y San Juan, y también el radical Alfredo Cornejo de Mendoza, pero los tres diputados catamarqueños de Raúl Jalil le votaron en contra, al igual que los tucumanos de Osvaldo Jaldo y la diputada neuquina Karina Maureira que reporta a Rolando Figueroa.

Como si fuera poco, el diputado correntino de la UCR Diógenes González, alineado al gobernador Gustavo Valdés, votó con la oposición, mientras que dos radicales chaqueños de Leandro Zdero se abstuvieron (Gerardo Cipolini y Darío Schneider) y solo uno, Guillermo Agüero, apoyó al oficialismo.

Por el MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone votaron a favor del presupuesto en general, pero después se ausentaron en la votación del capítulo 11.

Lo mismo hizo Alvaro González del PRO, mientras que Banfi apoyó el Presupuesto en general y después anotó su voto en contra del capítulo que derogaba las normas de universidades y discapacidad.

La Libertad Avanza (LLA) sufrió este jueves un fuerte revés ya que debió demorar hasta el 10 de febrero el debate de la reforma laboral porque aún no tenía los respaldos de los bloques dialoguistas para aprobar antes de fin de año esa iniciativa clave para el Gobierno.

La decisión fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, tras confirmar que ya había logrado el dictamen de mayoría, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Bullrich también anunció que el Gobierno hará una convocatoria a extraordinarias entre el 1º y el 27 de febrero, donde se buscará aprobar en el Senado la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares.

La ex ministra de Seguridad realizó el anuncio de la postergación de la reforma laboral luego de una reunión que mantuvo en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros del interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo.

El dictamen de mayoría fue firmado por 20 senadores entre las dos comisiones, ya que cosechó 11 firmas en Presupuesto y 9 en Trabajo y que fueron aportadas por libertarios, radicales, el PRO y bloques provinciales de Tucumán y Corrientes. El dictamen de mayoría fue firmado por los aliados en disidencia parcial, con lo cual el oficialismo deberá hacer negociaciones para llegar al recinto con los acuerdos que permitan sancionar esta iniciativa.

Si bien el dictamen introdujo algunos cambios solicitados por las PyMES y los bancos, la mayoría de los bloques están pidiendo reformas en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para que no se solvente con los aportes que deben ser derivados a ANSeS.

Entre los cambios incluidos figuran la posibilidad de pagar las indemnizaciones en las PyMES en 18 cuotas, y se estableció que los sueldos sólo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera.

Otro punto está vinculado con los convenios de ultraactividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas realizan a las cámaras empresariales y gremios.

Durante la reunión que tuvo un desarrollo armónico (a diferencia de las peleas que habían tenido lugar este miércoles), el presidente del interbloque Popular, José Mayans, volvió a reclamar que se le otorguen los miembros que corresponden porque reclama siete lugares y les dieron cinco. Por ese motivo, el interbloque opositor peronista aún no está integrando las comisiones, aunque participó para expresar su rechazo al tratamiento que busca el oficialismo.