En una nueva resolución de alto impacto político y judicial, el juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Daniel Rodríguez, exjefe de la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández. La medida alcanzó también a un conjunto de firmas aseguradoras bajo la sospecha de participación en una red de contrataciones irregulares con el Estado nacional.
El magistrado consideró a Rodríguez como "partícipe secundario" del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Asimismo, le atribuyó la autoría del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la investigación, el excolaborador presidencial facilitó los vínculos y encuentros entre el broker Héctor Martínez Sosa y el entonces presidente de la Nación para beneficiar los negocios del empresario.
La resolución judicial no solo afectó al entorno íntimo del exmandatario, sino que avanzó contra las estructuras corporativas que habrían operado en la intermediación de pólizas oficiales. Entre las compañías procesadas figuran Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, Bachellier SA, TG Broker, San Ignacio, San Germán Seguros.
La justicia sostiene que estas firmas formaron parte de un esquema de direccionamiento de contratos de entidades públicas hacia el grupo de Martínez Sosa, quien mantenía una relación de estrecha confianza con Fernández.
Un dato clave en el expediente es la relación personal entre Rodríguez y Martínez Sosa. La justicia detectó que el exjefe de la residencia presidencial residió en una propiedad perteneciente al broker, lo que reforzó la hipótesis de un conflicto de intereses. Cabe recordar que Alberto Fernández ya fue procesado en esta misma causa el año pasado, bajo la acusación de haber intervenido de forma directa para favorecer a su círculo cercano en el mercado de seguros estatales.
Con este fallo, el juez Casanello dio un paso fundamental hacia la elevación de la causa a juicio oral. La resolución incluyó embargos sobre los bienes de los imputados y las sociedades comerciales involucradas, a fin de asegurar la reparación de los posibles perjuicios económicos contra el erario público.
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