Trusso y una extradición muy extensa desde Brasil

Francisco Javier Trusso, expresidente del Banco Crédito Provincial (BCP), protagonizó uno de los mayores escándalos financieros de los años noventa en el país. Tras el colapso del banco en 1997, se descubrió un fraude millonario basado en créditos truchos, manipulación de tarjetas de crédito y fuga de depósitos al exterior. En lugar de enfrentar a la Justicia, se fugó y permaneció prófugo durante casi dos años, amparado en una red de conexiones políticas y eclesiásticas que llegaban hasta el Vaticano y los sectores más altos del menemismo.

Su detención en San Pablo, Brasil, en 1999, destapó aún más la trama. Trusso era hijo de Francisco Eduardo Trusso, ex embajador ante la Santa Sede, y las investigaciones revelaron que el BCP había financiado viajes y gastos de altos prelados como Antonio Quarracino y Roberto Toledo. Además, se señaló que continuaba operando como asesor financiero del Vaticano mientras la justicia argentina lo buscaba.

La extradición de Trusso se transformó en un proceso interminable: fue conocida como “la extradición más larga” de Brasil. Durante casi tres años, sus abogados lograron dilatar la entrega apelando a tecnicismos legales y cuestionando el sistema carcelario argentino. Para coronar el bochorno, en diciembre de 1999 Trusso se fugó de una cárcel paulista sobornando a guardias, profundizando aún más el desprestigio del caso a nivel internacional.

No sería sino hasta 2001 que Trusso fue recapturado en Miramar, provincia de Buenos Aires. En diciembre de 2002, la jueza Marcela Garmendia lo condenó a ocho años de prisión por su responsabilidad en la quiebra fraudulenta del BCP. Pero incluso entonces, sus vínculos privilegiados volvieron a jugar: en 2003, recuperó la libertad bajo caución juratoria en otra causa por falsificación de firmas —nada menos que la de Quarracino— para un crédito millonario. En un hecho que escandalizó aún más a la opinión pública, el propio arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, actuó como su fiador, depositando una caución de un millón de pesos.