Que proponen las dos leyes que había vetado el presidente Milei

La Ley de Financiamiento Universitario actualiza las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024.

Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.

La Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud propone, por un lado, la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

Además, ordena la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.

La medida surgió en medio del conflicto que se viene produciendo en el Hospital Garrahan, donde los médicos del nosocomio vienen denunciando la aplicación de un ajuste salarial, insumos y de su presupuesto en general.

Según la Oficina Nacional de Presupuesto, equiparar los sueldos del personal y los residentes a noviembre de 2023 equivaldría a un gasto adicional anualizado de $ 133 mil millones.

El 10 de septiembre el Ejecutivo dictó el Decreto 647/2025 mediante el cual vetó la ley de emergencia pediátrica. En los considerandos de esa norma, señaló que “el impulso de una medida como la actual que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.

El mismo día el presidente Javier Milei firmó el Decreto 651/2025, que vetó la ley de financiamiento universitario. Allí, señaló que el Congreso “pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad y que constituye la piedra angular para consolidar una recuperación económica sostenible y transformarla en crecimiento genuino”.

Ahora promete más presupuesto pero para el año que viene.