Amnistía a presos: Venezuela cierra la cárcel emblema del chavismo

En un hecho sin precedentes en la política venezolana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general para los presos políticos del país, que abarcará el período comprendido entre 1999 y el presente. El anuncio se produjo durante el acto de apertura del año judicial, frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La medida se conoció horas después de la última conversación que Rodríguez mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el marco del nuevo escenario político abierto tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Durante su discurso, Rodríguez afirmó que la iniciativa busca “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política” y abrir una etapa de convivencia democrática en el país.

“Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”, señaló la presidenta encargada, al tiempo que instruyó a la comisión para la Revolución Judicial y al programa para la convivencia democrática y la paz a presentar el proyecto “con carácter de urgencia” ante el Parlamento.

Según precisó, la amnistía no alcanzará a personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción ni violaciones graves a los derechos humanos.

Rodríguez remarcó que la decisión fue debatida en el alto mando político del chavismo y que cuenta con el aval de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.

“Es un anuncio discutido en el alto mando político de la Revolución, y que cuenta con la decisión del presidente Nicolás Maduro, con quien mantenemos intercambios”, sostuvo, mientras Diosdado Cabello seguía el acto desde la transmisión oficial.

En ese marco, la presidenta encargada llamó a la población a evitar represalias: “Pido a los venezolanos que no se impongan la venganza, la revancha o el odio. Estamos dando una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad, desde la diversidad y el respeto a la ley”.

El cierre de El Helicoide, símbolo de la represión

Tal como había anticipado Trump días después de la captura de Maduro, Rodríguez confirmó además el cierre de El Helicoide, la temida prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), denunciada durante años por organizaciones de derechos humanos como un centro de torturas.

“Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy funcionan como centro de detención, se transformen en un espacio social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y las comunidades aledañas”, anunció.

Liberaciones parciales

Cinco días después de la intervención militar estadounidense, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada— había informado la liberación de un “número importante” de presos políticos. Sin embargo, las excarcelaciones se realizaron de manera gradual y sin explicaciones oficiales.

Mientras el régimen sostiene que fueron liberadas más de 600 personas, las organizaciones de derechos humanos contabilizaron la liberación de 302 detenidos, entre ellos varios extranjeros. En ese grupo se incluyó al argentino-israelí Yaacob Harary, aunque continúan detenidos el gendarme argentino Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, procesados por causas de terrorismo.

Según denunciaron organismos internacionales, muchos de los liberados fueron obligados a firmar actas de excarcelación que les prohíben hablar con la prensa o expresarse en redes sociales. Pese a ello, algunos ex detenidos relataron públicamente las torturas y malos tratos sufridos durante su encarcelamiento.

El proyecto anunciado ayer también contempla el levantamiento de cargos contra opositores perseguidos por causas sin pruebas, muchos de los cuales permanecen en la clandestinidad o debieron exiliarse.

La reacción de la oposición

Entre los dirigentes alcanzados por la eventual amnistía figura María Corina Machado, quien abandonó Venezuela a fines del año pasado y esta semana se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense.

Sin embargo, sectores de la oposición expresaron desconfianza ante la iniciativa y cuestionaron la legitimidad de la Asamblea Nacional. “Sabemos que el régimen intentaría aprobar una amnistía a través de ese Parlamento. Muchos lo consideramos una trampa, pero no nos va a quedar otra alternativa”, reconoció un ex diputado venezolano.

Ahora, el foco está puesto en el tratamiento legislativo del proyecto, que podría marcar un punto de inflexión en la crisis política venezolana tras más de dos décadas de persecución y conflicto institucional.