El nuevo Código Procesal Penal quiere reducir los presos sin condena

A partir del 2 de marzo próximo, la Comisión de Asuntos Penales del Senado de la Nación iniciará el tratamiento del nuevo Código Procesal Penal Federal que impondrá plazos perentorios de 3 años entre el inicio del proceso penal y la condena por el Tribunal Oral y busca agilizar la prisión para los condenados por corrupción y lavado de dinero.

Así lo confirmó ayer el presidente de la Comisión Bicameral que monitorea el nuevo código, el senador nacional salteño Rodolfo Urtubey quien además afirmó con este instrumento jurídico “habrá más condenados y más absueltos”.

En tanto el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo que “lo que hacemos es poner en el centro a las personas y correr los papeles”. Y agregó: “no es que habrá más personas detenidas, en todo caso serán más los detenidos con sus casos resueltos. Hoy por primera vez hay más detenidos con condena que procesados y este sistema debería consolidar esa tendencia”, aseguró Garavano.

El plazo improrrogable entre el inicio del proceso y la condena será de tres años, con la posibilidad de una prórroga en causas complejas aunque con fundamento.

La premisa fundamental es que las investigaciones que en la actualidad demoran unos cinco años no duren más de ocho meses. Y todas las decisiones se tomarán en audiencias orales.

UN PROYECTO CONSENSUADO

El proyecto de modificación del Código Procesal fue presentado ante el Senado en octubre de 2016, y este año, a partir del 2 de marzo, será discutido.

En la presentación que el Ministerio de Justicia realizó esta semana en su sede de Sarmiento, en CABA, varios participaron representantes del sector judicial, legislativo y gremial, como el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, el fiscal federal general Eduardo Villalba, y el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, entre otros.

También estuvo el titular de la Unión de Empleados de la Justicia, Julio Piumato, quien se manifestó de acuerdo con “la inclusión de trabajadores judiciales en el proceso” propuestos, y Pablo Nocetti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

En general, todos elogiaron el proyecto que se enviará al Congreso.

El proyecto de nuevo Código Procesal Penal es una versión del aprobado en 2015 -que nunca llegó a implementar -y las leyes sancionadas en los últimos años como la flagrancia, los juicios unipersonales y la ley de Víctimas.

Y cuenta con el consenso de los principales actores del sistema judicial y los partidos políticos.