No dejar a nadie atrás

Representantes ONU en Argentina y América del Sur

“Esta no es una crisis financiera, es una crisis humana”, dijo el secretario general de las Naciones Unidas al referirse a los efectos de COVID-19. La pandemia puso a prueba a toda la comunidad: miles de personas han enfermado por COVID-19, y su expansión desbordó los sistemas de salud en muchas partes del mundo.

Las medidas de emergencias tomadas por los Estados generan desafíos adicionales a los preexistentes en relación al derecho a la salud, a los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la información, la desigualdad y la violencia basada en el género, o el estigma y discriminación.

Aplacar el impacto de estas decisiones en los derechos humanos requiere de un firme apego a las normas internacionales por parte de los Estados, adoptando medidas ponderadas y proporcionales al riesgo en que se incurre, tal como lo ha señalado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La crisis humana requiere una acción coordinada, decisiva, incluyente e innovadora, demanda un enorme apoyo financiero y técnico a los países y poblaciones más pobres y vulnerables, destacando que aún no hay una estrategia coordinada entre los países por lo que necesitamos una acción articulada. La acción coordinada de los estados tiene que poner énfasis en las poblaciones que pueden experimentar especial afectación de sus derechos durante la emergencia.

Pensemos en medidas como las que tomamos a diario en Argentina, como quedarse en casa. Esa forma de aislamiento social preconcibe que las personas tienen acceso a una vivienda. O lavarse las manos con frecuencia, que requiere de acceso al agua. Si una persona tiene alimentos en su heladera o si puede ir al supermercado, es porque tiene el dinero para comprarlos. O si eventualmente presenta síntomas compatibles con COVID-19, puede acceder a un hospital.

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Sin embargo, muchas poblaciones vulnerables simplemente no tienen esas posibilidades. Muchas de esas personas enfrentan violencia, discriminación y falta de acceso a servicios básicos. Y estos problemas tienden a intensificarse en contextos de emergencia. Las mujeres corren un riesgo desproporcionado ante la pandemia, porque ellas suelen ser las cuidadoras de los familiares enfermos y porque pueden ser víctimas de violencia en el aislamiento. También preocupa el impacto en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando se encuentran en situación de pobreza, así como en los derechos de poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas, personas trans, personas con discapacidad y personas en situación de calle, incluso queda en riesgo el derecho a la alimentación de estas poblaciones que suelen trabajar en la informalidad o en el trabajo doméstico.

Y además de lo que representa el propio virus, las personas privadas de libertad -que viven frecuentemente en condiciones de hacinamiento- y otras personas bajo custodia del Estado se ven particularmente expuestas en este escenario.

Argentina hizo esfuerzos y tomó medidas para frenar los contagios masivos, y lanzó programas para atender las necesidades de personas en situación de la pobreza. Ahora corresponde reforzar estas medidas y garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales a los grupos más vulnerables para que -en línea con las normas de derechos humanos- no dejemos a nadie atrás.