Ex titular de Asuntos Internos le apuntó directo a Ritondo

El escándalo por las presuntas maniobras de espionaje que se habrían organizado desde la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía sumó en las últimas horas un par de capítulos, con la presentación (anticipada por este diario) de la defensa de los imputados para que se amplíe la investigación al ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, ya que el sistema supuestamente utilizado para recolectar información fue contratado por esa cartera, informaron fuentes judiciales.

Por otro lado, se sumó al expediente como particular damnificado el ex juez platense César Melazo, detenido en la megacausa que lo acusa de liderar una banda dedicada a todo tipo de delitos.

El ex gobernador Daniel Scioli -actual embajador en Brasil- también pidió convertirse en querellante, pero el juez Guillermo Atencio rechazó su planteo con el argumento de que no está acreditado que haya sido AGAI el organismo que pidió datos e información sobre su persona, agregaron los voceros. Si se amplía la investigación, podrían incorporarlo en otra causa.

Como se ha venido informando, el ex jefe de AGAI, Guillermo Berra; y su pareja, la ex auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales María Rosario Sardiña, fueron imputados de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”, en una causa que abrió la fiscal Cecilia Corfield a partir de la denuncia presentada por Néstor Omar Martín, el ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía que dejó el cargo en 2016, precisamente por las irregularidades que Asuntos Internos detectó en su declaración jurada: según la información sumarial, tenía 7 propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, con un sueldo mensual de 48.000 pesos. Eso le valió el apodo de “comisario millonario” y un par de denuncias, una en la UFI 8, entonces a cargo del fiscal Hugo Tesón; y otra en el juzgado federal de La Plata.

Ninguno de esos expedientes avanzó, al menos hasta ahora. Y tras la denuncia de Martín se allanaron las oficinas de Asuntos Internos, secuestrando documentación y computadoras, material con el que se sostuvo la acusación de presunta utilización de fondos públicos para obtener “información y almacenar datos” de personas que no tenían que ver con su actuación en la fuerza policial, informaron fuentes judiciales. En el procesamiento y llamado a indagatoria de Berra y Sardiña sostuvo la fiscal Corfield que “hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados”.

Se refería al servicio Nosis, de información financiera, que emitió más de 45 mil informes a pedido del mismo usuario.

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Lo que sostiene la defensa, a cargo de Marcelo Peña, es que ese servicio fue contratado por el ministerio de Seguridad de la gestión anterior para que lo usaran tres dependencias a su cargo (entre ellas AGAI), por lo cual deberían “ampliar la investigación al ex titular de esa cartera (el actual diputado nacional y jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo), para que se cumpla con el derecho de igualdad ante la ley”, dijo el abogado a este diario.

Es un secreto a voces que Ritondo y Berra “no se pueden ver”, por cuestiones que ocurrieron mientras ambos estaban en funciones; en concreto, gestiones del segundo, que habrían complicado a allegados al primero.

Insistió Peña: “Si el ex ministro contrató el servicio para que de forma ilimitada lo usaran tres dependencias de su cartera y el peritaje informático determinó que Asuntos Internos pidió solamente unos 1.400 informes (de los 46 mil entregados al usuario único), deben pedir explicaciones al inmediato superior”; es decir, Ritondo.

Las otras dos dependencias que tenían acceso a la información de Nosis eran Narcotráfico e Inteligencia Criminal. La defensa presentó ayer una copia de la orden de contratación del servicio avalado por la Contaduría General de la Provincia.

La estrategia apunta a poner la lupa sobre Seguridad, despejar las sospechas de “peculado” con el argumento de que por “el abono se pagaba un importe fijo independiente del número de consultas” y refutar la existencia de escuchas o seguimientos.

“La información allí almacenada (por el Nosis) no es de carácter reservado, sino que es información pública”, detalla la presentación, insistiendo que “mal podría necesitar autorización judicial” el uso del servicio “cuando puede ser contratado por cualquier individuo”.

Según la defensa, del Nosis “se extraían números de documentos, teléfonos, direcciones, etc., sin que ello pueda considerarse un delito”, al tiempo que cuestionó la pretensión de que “Asuntos Internos pida autorización judicial para individualizar a una persona” mencionada en una denuncia.

“Llega una denuncia que manifiesta que el policía XXXX tiene bienes a nombre de XXXXX1 y es millonario. Según la hipótesis de la Dra. Corfield, Asuntos Internos no podría encarar ninguna actividad vinculada al decreto 1050-09 que así lo permite, autoriza y establece en sus facultades y atribuciones”, ironizó el defensor, haciendo hincapié en que los datos se utilizaron para “sumarios administrativos o para ubicar a algún efectivo que debía ser notificado de la presentación de su Declaración Jurada”.

Es por eso que a Melazo se lo tomó como particular damnificado en la causa, ya que había requerimientos de información supuestamente solicitados en el marco de la megacausa y por su condición de esposo de una policía de alto rango, mientas que en el caso de Scioli, otros funcionarios y jueces federales, sus datos habrían sido pedidos por Inteligencia Criminal.