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En el contexto de la crisis económica que agobia a la Argentina, la promesa al agro del Gobierno nacional de que no subirá las retenciones que pesan sobre los precios de la soja, el trigo y el maíz, constituye un paso positivo puesto que se habla de una actividad promotora de riquezas, que ha hecho punta en el uso de nuevas tecnologías, que compite con los países líderes en la actividad agraria y que, por su sola irradiación, sirve para darle desarrollo a ciudades y pueblos que viven del campo, ello a pesar de las enormes dificultades que debe vencer.
“No va a haber incremento de retenciones ni intervención en los mercados”, confirmó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, que junto a sus pares de la Mesa de Enlace participó de la reunión con el Presidente, Alberto Fernández, en la Casa Rosada.
El compromiso asumido por el jefe de Estado buscó despejar los nubarrones de tensión que volvieron a aparecer en la relación entre el campo y el Gobierno, luego de que el domingo el propio Fernández amenazara con aplicar una suba en las retenciones o cupos a la exportación para frenar el aumento de precios en los alimentos (por entender que los valores de las commodities terminan incidiendo en las góndolas). Pero esa advertencia chocó con el rechazo de las entidades agropecuarias, que sostienen que su participación en el precio final es baja.
Tras la polémica y después de más de un año sin que los dirigentes rurales y el Presidente se vieran las caras, quedó abierta la puerta del diálogo. La última reunión, antes de la del miércoles pasado, había sido el 23 de diciembre de 2019, también con las retenciones -que el campo pide eliminar- como tema convocante.
Está claro que el momento que atraviesa el sector rural argentino es enormemente complicado, con fuentes de ingreso que fueron remarcables en años anteriores y que hoy son mucho menores debido, por ejemplo en el caso de la soja, a la caída de su valor en el mercado internacional. Sin embargo, si existiera una promoción atinada de las enormes posibilidades que ofrece la actividad agropecuaria, la recuperación sería ostensible en muy corto plazo.
Se cuenta ahora con los cercanos ejemplos que ofrecen Uruguay y el Paraguay que, a partir de sancionar medidas de fomento para el campo -entre ellos la reducción o quita de gravámenes durante los primeros diez años- están conquistando rápidamente mercados internacionales con crecientes producciones agropecuarias.
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En realidad, también deberían mencionarse aquí lo que ocurre con la agricultura de Europa y de los Estados Unidos, que se encuentra subvencionada por sus gobiernos mientras que, en el nuestro, se ve desalentada por todo tipo de cargas tributarias.
Sin embargo, como se ha dicho, a pesar de ese verdadero lastre, la producción agropecuaria se modernizó en nuestro país en las últimas décadas -incorporando las últimas técnicas de biotecnología en la siembra de semillas, la electrónica en maquinarias, los nuevos agroquímicos- y fue la primera impulsora en el mundo del sistema de siembra directa, incorporada luego por otros países y considerada un enorme adelanto. Ello fue posible merced al esfuerzo y la iniciativa de agricultores jóvenes, que reemplazaron las antiguas técnicas rurales.
Nuestro país necesita los muchos dólares que le garantizan las producciones agro-ganaderas y para ello debiera impulsar una vigorosa política de desarrollo y de acciones coherentes que lo instalen, una vez más, como protagonista principal en el comercio exterior. No se trata de promover una reivindicación de concepciones perimidas, sino de alentar estrategias modernas, sostenibles y realistas, capaces de aprovechar -en este caso- fenómenos del presente, como la creciente demanda mundial de alimentos.
La Argentina cuenta con esos recursos y por ello, en lugar de deprimir la actividad con impuestos que castigan al productor -a cuyo cargo están el trabajo en el campo, el uso de la maquinaria, el costo de los fletes, las retenciones y otros impuestos- debiera estimularla, buscándose un balance inteligente entre la eliminación progresiva de los derechos de exportación y las necesidades fiscales del Estado.
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