Sacude a Túnez una grave crisis política

El primer ministro tunecino, Hichem Mechichi, aseguró ayer que está dispuesto a ceder su cargo al futuro jefe del gobierno, el día después de la suspensión de la actividad parlamentaria y de que el presidente se atribuyera poderes ejecutivos.

“Garantizaré el traspaso de poderes al dirigente que sea designado por el presidente de la República”, declaró Mechichi, en sus primeras palabras tras su destitución y el resto de medidas excepcionales anunciadas el domingo por la noche.

Después de un domingo de manifestaciones en numerosas ciudades contra la gestión de la pandemia de coronavirus del gobierno de Mechichi, el presidente tunecino, Kais Saied, destituyó al primer ministro y anunció que “suspendía” la actividad del Parlamento durante 30 días. Asimismo, anunció que se hará cargo del Poder Ejecutivo “con la ayuda del gobierno”, asignándose la competencia de nombrar ministros.

El partido gobernante, Ennahdha, de orientación islamista y que apoyaba al primer ministro Mechichi, criticó duramente la medida de Saied, que denunció como “un golpe de Estado contra la revolución y contra la Constitución”.

Por contra, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), un influyente sindicato, apoyó implícitamente las decisiones indicando que eran “conformes” a la Constitución, aunque pidió la continuación del proceso democrático más de una década después del levantamiento que terminó con la dictadura de Zine el Abidine Ben Alí.

INQUIETUD INTERNACIONAL

En el extranjero, Turquía, aliada de Ennahdha, pidió que se restaure la “legitimidad democrática” y Alemania reclamó el “regreso del orden constitucional lo más rápidamente posible”.

Francia pidió “un retorno, lo más pronto posible, a un funcionamiento normal de las instituciones” y exigió que se evite cualquier tipo de respuesta violenta. Estados Unidos se mostró “preocupado” y pidió “respeto de los principios democráticos”.

El temor a un retroceso de las libertades se acentuó tras el cierre el lunes por parte de la policía y sin mandato judicial, de las oficinas de la cadena catarí Al Jazeera en la capital. (AFP)