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El oficialismo busca debatirla el 30 en Diputados. La pelea es voto a voto para derogar la norma que cambió Vidal
José Picón
jpicon@eldia.com
El Frente de Todos se apresta a tratar el último día de este mes en la Cámara de Diputados bonaerense, el proyecto que da por tierra con la reforma jubilatoria para los empleados del Banco Provincia que se había aprobado durante la gestión de María Eugenia Vidal.
El gobierno de Cambiemos metió mano en el sistema jubilatorio del Bapro con el argumento de que la Caja tiene un déficit que a fines de 2022, estiman, treparía a 22 mil millones. La idea de ir hacia un equilibrio presupuestario de la Provincia empujó el proyecto: es que el rojo en ese entonces debía ser solventado por el Estado bonaerense.
No se trata de un tema menor por varios aspectos. El primero de ellos, porque cerca de 4 mil de los 11 beneficiarios de la Caja Previsional del Bapro iniciaron (y obtuvieron) recursos en su favor en la Justicia por considerar que se estaban vulnerando derechos adquiridos. La norma, básicamente, cambió la forma de cálculo del haber, y los jubilados se sintieron perjudicados.
El otro dato central es político. Juntos por el Cambio, al menos la rama del PRO, se opone a la derogación de la ley. El radicalismo tiene una posición menos inflexible: cree que se debe avanzar en una serie de reformas para evitar una sentencia de la Suprema Corte que condene la Provincia a pagarles a los jubilados una suma millonaria. Ministros del alto tribunal se reunieron hace algunas semanas con los legisladores y les sugirieron darle una solución política al tema. La Corte entiende en el asunto porque existe un planteo de inconstitucionalidad contra la norma impulsada por Vidal y sancionada en la Legislatura, presentado por la Asociación Bancaria.
Hace algunas semanas la cuestión venía más o menos encaminada en relación a un proyecto que motorizó Axel Kicillof, previamente hablado con la Bancaria. La reforma impulsada por el Ejecutivo bonaerense establece que el haber mensual inicial de las prestaciones será el equivalente al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante el período de ciento veinte meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio”. Vidal lo había bajado al 70%.
Si bien mantiene la edad de jubilación a los 65 años, baja a 60 la de las mujeres, ya que en la reforma impulsada por Vidal se había equiparado a la de los hombres. Y con el fin de reducir el financiamiento a la Caja, sube de 14 a 16% el aporte del personal y del 16 al 21 el que debe realizar el Banco.
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El oficialismo y la UCR venían trabajando en un acuerdo para que la iniciativa se aprobara. Con algunos reparos, el PRO no exhibía una actitud abiertamente refractaria. Tanto, que el intendente de Lanús Néstor Grindetti, había avanzado con negociadores del Ejecutivo en un acuerdo macro que incluía la sanción de esta norma.
Todo parecía encaminado hasta que entró en escena Mauricio Macri. El ex presidente recibió un informe lapidario del ex ministro de Economía Hernán Lacunza. Mandó a los legisladores del PRO a no votar el proyecto porque consideró que “consagra privilegios” para los bancarios. También, porque al revés de la ley Vidal donde se estableció que el Bapro con sus utilidades debía hacerse cargo del déficit previsional, ahora esa carga va a parar a la mochila del Estado bonaerense.
“Son haberes promedio de 220 mil pesos, mientras el Instituto de Previsión Social (IPS) paga jubilaciones de 35 mil pesos”, afirman en el PRO.
La ley entonces se frenó. Grindetti quedó desautorizado y con el macrismo en pie de guerra, el radicalismo puso el freno de mano para evitar que se generara un clima de mayor tensión en Juntos por el Cambio.
Pero el Frente de Todos inició rápido una nueva ofensiva en Diputados. El proyecto ya pasó por las comisiones de Previsión Social, Asuntos Constitucionales y, ayer, por Legislación General que preside el massista Rubén Eslaiman. Resta que la semana que viene se debata en la comisión de Presupuesto. La idea del oficialismo es que el jueves 30 llegue al recinto. Hasta el momento, el peronismo impuso el número e hizo dictamen en mayoría.
Sin embargo, no todo es color de rosa para el Frente de Todos, que aguardaba que una eventual abstención del radicalismo le facilitara la aprobación. Ahora la situación se complicó y el “poroteo” de votos está a la orden del día.
Conviene ir a los números. El Frente de Todos cuenta con 42 legisladores propios y dos aliados: Fabio Britos del bloque 17 de Noviembre y Débora Indarte (Unidad para la Victoria). En principio, podría llegar sin problemas a 44 votos.
Juntos por el Cambio anota 41 diputados y como existe coincidencia en este tema con Avanza Libertad (los liberales de José Luis Espert), también sumaría 44.
Quedan dos bancadas sueltas: la izquierda con dos representantes y otros dos diputados de Espacio Abierto, ligados al intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
La izquierda podría votar con el Frente de Todos. Y el possismo aliado a Juntos por el Cambio. Si eso se da, empate clavado. En ese escenario debería desempatar el presidente de la Cámara, Federico Otermín, que inclinaría la balanza en favor de la reforma que impulsa Kicillof.
¿Se llegará a tal extremo? Las sospechas están instaladas. El oficialismo estaba convencido de que el radicalismo se abstendría en la votación, pero los radicales firmaron ayer un despacho conjunto con el PRO en rechazo a la ley en la comisión de Legislación General. Es un dictamen que, se dice en ámbitos parlamentarios, costó mucho acordar entre los socios de la coalición opositora. Tanto, que el texto sólo aborda cuestiones generales del tema de la Caja del Bapro sin meterse en asuntos de fondo.
Mucho más duro es el texto del otro dictamen de rechazo que redactó Guillermo Castello, de Avanza Libertad que considera que se “aumenta el gasto público” porque será el Estado provincial es el que deberá hacerse cargo del déficit de la Caja de Jubilaciones del Bapro.
En ámbitos parlamentarios no se descartan sorpresas. Pocos apuestan a que Otermín tenga que apelar a un desempate inédito. En el oficialismo están convencidos de que “hay que trabajar” para conseguir la mayoría, pero aseguran que la van a lograr. El fantasma de las abstenciones o faltazos sobrevuela el escenario.
Si se aprueba la ley en Diputados deberá pasar al Senado donde también reina la paridad. En la Cámara alta están 23 a 23 el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pero esa es otra historia.
Pese a la paridad, el oficialismo se muestra confiado en reunir mayoría para aprobar la ley
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