Ecuador, con el narco en la justicia y en la policía

Por GABRIELA MOLINA

Sobornos por 450.000 dólares, joyas y casas a cambio de protección. Por al menos varios meses, policías, jueces y abogados operaron en una red sin precedente de apoyo a quien fuera un importante narcotraficante en Ecuador, un país que ha visto en los últimos años un incremento de la violencia y los homicidios atribuidos al crimen organizado, según reveló la Fiscalía del país sudamericano.

En la que ha sido descripta como la mayor operación contra la corrupción y el narcotráfico, el llamado “Caso Metástasis” ha comenzado a echar luz sobre los presuntos vínculos entre autoridades y los grupos del crimen organizado, que derivó en la detención de 31 personas, incluidos Wilman Terán, el titular del órgano que supervisa a los jueces en el país y al general Pablo Ramírez, quien hasta hace unos días fuera jefe de la Policía Antinarcóticos.

Un juez de la Corte Nacional de Justicia envió a prisión preventiva a 16 de los detenidos, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, tras escuchar a la Fiscal Diana Salazar presentar los cargos contra los implicados. Los acusa de recibir sobornos para proteger a Leandro Norero, alias “El Patrón”, un supuesto narcotraficante asesinado en la cárcel en 2022 y de financiar a algunos grupos criminales ecuatorianos y tener vínculos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.

INFILTRACIÓN E IMPUNIDAD

“El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado para, a través del dinero mal habido, operar en instancias políticas y judiciales y lograr impunidad en algunos casos”, dijo la fiscal Salazar.

Para los otros 14 procesados, entre ellos, el general Ramírez, se dictó prohibición de salida del país y presentación ante un juez cada 15 días. El juez negó las medidas de incautación de cuentas bancarias.

La revelación ocurre a menos de un mes de la llegada a la Presidencia de Ecuador del empresario Daniel Noboa, quien ha dicho que su prioridad es reducir la violencia que padece el país.

La fiscal aseguró que la red operó al menos entre mayo y octubre de 2022, y que los funcionarios recibían sobornos de entre 6.000 y 450.000 dólares, además de joyas y bienes inmuebles, a cambio de que el grupo criminal recibiera sobreseimientos judiciales, asesoramientos, beneficios administrativos y recursos jurídicos favorables para Norero, sus hermanos y esposa. Según Salazar, dos hombres cercanos a “El Patrón” eran los responsables de entregar los sobornos a los funcionarios.