Llega a la escuela la polémica por la idea de abrir cuando haya paro

La media sanción en Diputados de la Nación para declarar la educación “servicio esencial”, despertó, se sabe, la reacción de los gremios docentes, pues el proyecto apunta a limitar las protestas con modalidad de paro en las escuelas y a que los establecimientos de enseñanza funcionen como los hospitales cuando se resuelve una huelga, es decir, con una guardia mínima de personal.

El proyecto fue presentado por el legislador Alejandro Finocchiaro, que preside la comisión de Educación en la cámara baja y representa al Pro. Contó con el apoyo de diputados radicales como Carla Carrizo, de la Coalición Cívica e Innovación Federal. Si se aprueba también en el Senado, la educación se declararía como un “servicio estratégico esencial”, lo que obligaría a las escuelas a abrir sus puertas y recibir alumnos los días de paro. Para eso, las instituciones tendrían que contar con el número suficiente de personal -docente y auxiliares- para dictar clases.

Este diario consultó en la Dirección General de Cultura y Educación sobre la iniciativa. Prefirieron no hacer comentarios sobre el impacto que tendría en el territorio bonaerense.

Tras la marcha al Congreso impulsada por la Federación de Educadores Bonaerenses -FEB- para manifestar la oposición de ese sindicato a la iniciativa, la presidenta de la entidad gremial planteó que “la educación es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado”, al tiempo que agregó: “Declararla como un servicio es intentar equipararla con cualquier otra mercancía y someterla a la lógica del mercado y los intereses privados”.

Desde el sector de los docentes privados, Diego Richiusa, secretario general de Sadop La Plata, manifestó su rechazo al proyecto e indicó, en ese sentido, que “la educación no es un servicio; es un derecho, y está propuesta solo tiene como objetivo cercenar el derecho a huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución”.

A la vez, el dirigente opinó que sobre el significado de un servicio esencial, el cual, resaltó, “se presta porque se considera que de no hacerlo se pone en riesgo la vida de las personas, como ocurre con los servicios de salud. Pero en educación, con una huelga no se pone en riesgo a nadie”.

Para Richiusa, “hay que tener en cuenta que el mismo Estado Nacional que desfinancia el sistema educativo, negando la paritaria nacional, corriéndose de su innegable responsabilidad de sostener el derecho y acceso a la educación del conjunto de la población, tiene como objetivo mercantilizar la educación”.

Por su parte, Facundo Gaspari, delegado y docente de la lista Multicolor de Suteba, expresó en la última asamblea celebrada en Ensenada que “con la escandalosa media sanción del proyecto que declara la esencialidad en la educación obligatoria Milei quiere prohibir el derecho a la huelga docente”.

En esa línea, Gaspari subrayó que “todos los gobiernos están de acuerdo con que se termine aprobando la esencialidad porque no quieren que haya paro y en lugar de solucionar las causas que generan esto como los salarios y las condiciones laborales, quieren prohibir el derecho a la huelga”.

Entre otros puntos, el proyecto aprobado en Diputados propone que el 30 por ciento del personal de cada escuela permanezca en sus puestos durante los dos primeros días de una medida de fuerza, y si la protesta se prolonga ese porcentaje ascendería al 50 por ciento del staff escolar. Así, los paros del sector educativo se llevarían a cabo bajo las condiciones establecidas en la nueva normativa.

Uno de los artículos puntualiza que en cada principio de año, los directivos de cada escuela, deberán informar a las autoridades educativas la nómina del personal docente y auxiliar que estará afectado al cumplimiento de la medida.

Esa reforma en la modalidad de llevar adelante las huelgas, con la exigencia de mantener en el lugar de trabajo un mínimo de personal se estipulaba en el articulado dedicado a las relaciones laborales en la Ley bases.