Entrada la madrugada de hoy, tras un extenso debate plagado de duros cruces, recriminaciones, chicanas y cuestiones de privilegio, el oficialismo nacional logró imponer en la Cámara de Diputados su proyecto de modificación de la ley de protección de glaciares. Por 137 votos contra 111, fue sancionada la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, con el objetivo declarado de promover inversiones por unos U$S 20.000 millones.
La ley original, sancionada en 2010, estableció una protección integral sobre los ambientes glaciares y periglaciares, al definirlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y fuentes esenciales de abastecimiento para las cuencas hidrográficas; en ese marco, el Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) lleva relevados casi 17.000 cuerpos de hielo distribuidos a lo largo de la Cordillera de los Andes y en las islas del Atlántico Sur.
La reforma, que contó con el respaldo del bloque libertario, de sus aliados y los legisladores de provincias mineras, y ya había sido convalidada por el Senado, modifica ese criterio al establecer que la protección se mantendrá “hasta tanto” las provincias con presencia de glaciares determinen, a partir de estudios técnicos más exhaustivos, qué áreas cumplen efectivamente esa función hídrica y cuáles no; así, aquellas zonas que se compruebe que no actúan como reservas de agua podrán ser retiradas del inventario de las consideradas “intocables” y quedarán habilitadas para el desarrollo de actividades extractivas y productivas hasta ahora vedadas.
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