Declararon emergencia agropecuaria en diez distritos bonaerenses
Edición Impresa | 2 de Octubre de 2025 | 02:49
El Gobierno nacional declaró ayer la emergencia agropecuaria y/o desastre agropecuario para explotaciones agrícolas y ganaderas de varios partidos de la provincia de Buenos Aires afectados por inundaciones.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 1450/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y la declaración tiene vigencia desde el 1° de mayo de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.
La resolución se basa en una recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que analizó un decreto provincial presentado por la provincia de Buenos Aires.
Los partidos comprendidos en la medida son Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General Lamadrid, Chacabuco y Monte. La resolución especifica las circunscripciones afectadas dentro de cada uno de estos distritos.
Para acceder a los beneficios de la Ley 26.509, los productores deberán presentar un certificado extendido por la autoridad provincial competente que acredite que sus explotaciones se encuentran comprendidas en la emergencia.
El gobierno provincial, a su vez, deberá remitir a la Comisión Nacional el listado de los productores afectados junto con una copia de dicho certificado.
La normativa instruye a las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a arbitrar los medios para que los productores comprendidos en la resolución gocen de los beneficios previstos en la ley.
DENUNCIA
La medida nacional llega en momentos en que se multiplica el malestar del campo por las inundaciones.
En medio de una serie de reclamos, en las últimas horas productores del noroeste bonaerense presentaron una denuncia penal contra la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, su par de Carlos Casares, Daniel Stadnik, y funcionarios provinciales por presuntas irregularidades en el manejo de la emergencia hídrica en la subregión A3 del río Salado.
La presentación judicial, radicada en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, apunta a determinar responsabilidades y menciona tres posibles figuras penales: estrago por inundación, omisión impropia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La denuncia es desmedida, sin fundamento y sin justificación. Esperaremos la notificación. Queremos ver en qué puntos se basan para hablar de un estrago hídrico, con todo lo que eso implica”, afirmó la intendenta Gentile.
Stadnik, también minimizó los alcances de la denuncia y remarcó que como presidente del Comité de Cuenca A3 no tiene facultades de ejecutar obras ni manejar presupuestos. “Nuestro rol es coordinar entre municipios y elevar propuestas, pero las decisiones y la ejecución dependen de la Provincia”, explicó.
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