El inicio de clases, con el llamado a un paro y una advertencia

En el inicio ayer de las clases del nivel inicial, primario y primer año de la secundaria de la Provincia, con una matrícula que alcanza a unos 5 millones de alumnos bonaerenses, se convocó a un paro docente decretado por un sector gremial -enfrentado a la conducción de Suteba-, cuyos dirigentes hablaron de un alto nivel de acatamiento de la medida de fuerza. Sin embargo, desde el gobierno provincial aseguraron que en muy pocas escuelas -y no en todos los grados- afectó la protesta sindical, que consideraron “ilegal”.

Cabe señalar que anteayer la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense había advertido a los docentes que se les descontaría el día a quienes hicieran el paro en la jornada de inicio de las clases. Las faltas docentes a las aulas serán consideradas “sin justificación”, señaló el organismo educativo. También desde el ministerio de Trabajo se advirtió que la huelga carece de legitimidad: “Una decisión de tales características pone en riesgo el salario de los trabajadores de la educación que no presten tareas”, afirmó en un comunicado. Lo cierto es que por primera vez, la administración del gobernador Axel Kicillof toma una medida de esta naturaleza con los docentes que no hayan acudido a dar clases.

“Ante la decisión de no comenzar las clases anunciada por un sector gremial, resulta necesario recordar que toda medida de fuerza se encuentra reservada a los sindicatos constituidos conforme las diversas tipologías concedidas por la Ley de Asociaciones Profesionales”, se aclaró desde el Ejecutivo bonaerense.

Fue la agrupación Multicolor de Suteba bonaerense, enfrentada a la conducción que lidera desde hace muchos años Roberto Baradel, la que decidió realizar un paro el primer día de clases, en una medida que tuvo correlato en varias provincias del país, mientras que el gremio nacional CTERA llamó para la próxima semana a una medida de fuerza.

Se bien se ha señalado en múltiples oportunidades en esta columna que no está en tela de juicio que se busquen fórmulas para mejorar los niveles laboral y salarial de los maestros, lo que se ha reclamado en forma insistente es que el sector docente y el gubernamental encuentren fórmulas para que, en el caso de la Provincia, no se convierta a 5 millones de chicos en rehenes de motivaciones que son muchas veces políticas, que empiezan y terminan con el cierre de puertas de la escuelas y el no dictado de clases.

Se ha dicho aquí recientemente que una de las referencias conocidas en el último mes indicó que desde 1983 a la fecha se realizaron 1.000 paros docentes. Traducido a tiempo de clases perdido, esto significa que en los 42 años corridos después del ´83 se perdieron algo más de cinco años completos sin actividad escolar. Esto es, las escuelas estuvieron negadas para los alumnos durante más de cinco ciclos lectivos enteros desde esa fecha hasta hoy por medidas de fuerzas realizados por los docentes.

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Entre otros temas que son relevantes para la educación, corresponde tomar como contexto que desde hace muchos años el sistema educativo nacional, al que adhirieron todas las provincias, vino asegurando que cumpliría con los 190 días de clase efectivos por cada ciclo, de acuerdo al tope sugerido oportunamente por el Consejo Federal de Educación. Sin embargo, en muchas oportunidades, no ha podido lograrse. Y el país necesita, hoy más que nunca, creer en la educación como fórmula primordial de su desarrollo y progreso.

En buena hora el Gobierno provincial decidió sancionar estas faltas a los aulas. Más allá de las justas reivindicaciones que pueda esgrimir el magisterio, es hora de que se busquen otras alternativas para canalizar protestas, que no sean las de cerrar las puertas de las escuelas. Ha llegado, sobradamente, la hora de hacer respetar el derecho al aprendizaje de las nuevas generaciones.