Contra la mujer: la violencia de género en los centros clandestinos de detención

Por JSUTINA BRUERA (*)

A cincuenta años del golpe militar, hay historias sobre lo ocurrido en cautiverio que recién en las últimas décadas comenzaron a ser escuchadas, en particular las vinculadas a la violencia y tortura sufridas por las mujeres detenidas-desaparecidas.

En los centros clandestinos de detención, la tortura era una practica sistemática. Sin embargo, no se ejercía a todos los detenidos de la misma manera. Para las mujeres, el terrorismo de Estado adoptó formas específicas que estuvieron atravesadas por el género. Para ellas, la tortura no se limitó al dolor físico, sino que también buscó disciplinar e imponer un orden moral.

Las detenidas eran insultadas como “putas”, interrogadas sobre su vida sexual o sus decisiones reproductivas, como si no solo se las persiguiera por su militancia política como a sus pares varones, sino también por desviarse de los mandatos tradicionales. La represión operó sobre la idea de que esas mujeres habían transgredido el rol que la dictadura les asignaba y que esa desviación debía ser corregida para que sean buenas madres y esposas, limitándose al ámbito doméstico.

Las formas que adoptó esa violencia fueron variadas, incluyendo desnudez forzada, abusos, violaciones, embarazos producto de esas violencias, abortos, robo de bebés, torturas mientras estaban embarazadas o cuidando de sus bebés. Además, lejos de tratarse de actos individuales y aislados de brutalidad, esta violencia respondió a una práctica sistemática. “Éramos un botín de guerra”, dijo Silvia Labayrú al relatar su experiencia en la ESMA.

Cada una de estas prácticas dejó marcas que no siempre encontraron un lugar en la memoria pública y mucho menos en los procesos penales. Margarita Cruz, detenida en la “Escuelita de Famaillá” en Tucumán, cuenta que por mucho tiempo nadie le preguntó qué le había pasado en cautiverio. Era un tema tabú del cual no se hablaba.

Muchas sobrevivientes enfrentaron el silencio, la sospecha o incluso la estigmatización. En algunos casos, fueron vistas como “colaboradoras” por haber sobrevivido a costa de haber sufrido violencia sexual. En otros casos, sus testimonios fueron minimizados o silenciados.

Recién en las últimas décadas, la memoria pública comenzó a reconocer que las violaciones en los centros clandestinos no eran hechos aislados ni excesos individuales, sino parte del plan sistemático de represión. Esto impulsó a que los tribunales hayan reconocido la sistematicidad de esta violencia.

Así, por ejemplo, en 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Martel”, cuestionó la exclusión de los delitos de violación y abuso sexual del juzgamiento de los hechos y recordó que el Estado tiene el deber de investigar y sancionar adecuadamente los crímenes de lesa humanidad, conforme a los estándares del derecho internacional. Asimismo, señaló la necesidad de considerar la especificidad de la violencia sexual y de incorporar una perspectiva de género en su análisis.

A cincuenta años, volver sobre estas historias no es sensacionalismo, ni morbo, es reconocer una violencia que durante demasiado tiempo permaneció silenciada. Contarlas es una forma de memoria, pero también de justicia.

(*) Abogada por la Universidad Nacional de La Plata y Magister en Derecho por la Universidad de Columbia)