En defensa de la vida

La palabra clave fue Revolución. El objetivo final, la liberación.

Los involucrados en esa misión superior estaban convencidos, actuaban en base a principios profundamente sentidos que en muchos casos provenían de una influencia teológica, porque ciertos sectores del catolicismo estuvieron muy cerca. Todos creían en los valores que defendían. Pero el método que eligieron fue la muerte. Implícitamente, nos gritaron que sus ideas daban derecho a matar.

Las siglas fueron diversas (ERP, FAR, FAP). Pero el espacio central lo ocuparon los montoneros, porque su objetivo primario fue penetrar en el peronismo, convertirse en su vanguardia y condicionar a Perón hasta convertirlo en lo que nunca quiso ser. El ejemplo a seguir fue Cuba y desde el punto de vista metodológico, el terrorismo argelino.

El camino no fue de abajo para arriba. El proletariado no estaba. En la conducción predominaban quienes provenían de la clase alta, incluyendo apellidos conocidos de cierto nivel económico y buena formación intelectual.

El resultado final fue dramático. Angustia, temor, dolor, pérdida de vidas jóvenes a partir de una mezcla de soberbia, pose heroica y capacidad de sacrificio que, en último análisis, solo sirvió para hacernos sufrir.

Alguien dijo –fue Kelsen, si la memoria no me engaña- que la palabra Estado es la designación metafórica del orden jurídico total. El Estado es quien produce y aplica las leyes que regulan la convivencia. Su función básica inicial es el monopolio en el uso de la fuerza, para evitar la guerra de todos contra todos.

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La forma de ejercer ese monopolio también está regulada por la ley. La publicidad y la transparencia de los actos de gobierno permiten verificar que las políticas públicas, especialmente las vinculadas con el orden social y la represión, se programen y ejecuten facilitando el control ciudadano. Además de legales, las decisiones del Estado deben ser morales.

Durante el largo período corrido entre junio de 1966 y octubre de 1983 en relación con el fenómeno de la guerrilla, con particular agresividad a partir del 24 de marzo de 1976, el Estado ignoró deliberadamente los principios de legalidad y transparencia. Diseñó una política represiva aplicada de manera autónoma por cada fuerza, suprimió todo control externo y recurrió sistemáticamente a instrumentos inaceptables como el secuestro, la tortura, la prisión clandestina, la desaparición forzada y la muerte.

Incluso en el período 1973/1976, con un gobierno de origen popular, desde el Estado se organizó un operativo de represión paralelo (las AAA) que diseñó sus formas de conducción y acción y definió objetivos ideológicos y políticos. En definitiva, quienes gobernaron a partir del voto o por vía golpista, combatieron al terrorismo aplicando sus métodos.

A comienzos de la década de los 80, fueron perceptibles los síntomas de agotamiento del régimen militar. Algunas circunstancias particulares aceleraron ese proceso.

La derrota de Malvinas, episodio concebido con el propósito de sostener una dictadura que estaba disolviéndose, significó un impacto enorme en el prestigio de la conducción de las Fuerzas Armadas. La situación declinante en el campo económico y la organización de un colectivo opositor –la multipartidaria- también influyeron para transformar el escenario.

Pero fue Alfonsín el factor que dinamizó el cambio. A su reivindicación coherente y sostenida de los derechos humanos pese a todo riesgo y amenaza, agregó una propuesta de reconstrucción democrática que movilizó a la sociedad: más que una salida electoral, fue efectivamente interpretada como una entrada a la vida.

El juicio a las Juntas, a los jefes de la guerrilla y a López Rega fue público y respetó sin fisuras el derecho de defensa. Todos percibimos que la democracia es algo más que una forma de gobierno: es la mejor manera de garantizar nuestra existencia, la libertad y el mayor nivel de igualdad posible en la distribución de los bienes materiales.

El consenso democrático instalado en el 83, que hasta ahora ningún gobierno logró extender al plano económico social, terminó con la tutela militar vigente desde septiembre del 30. Las Fuerzas Armadas recuperaron su función de custodiar el territorio y la soberanía de la Nación. La democracia funcionó hasta tal punto que por primera vez desde la sanción de la Ley Saenz Peña la derecha (en este caso, la ultra) ganó las elecciones de manera legítima.

Milei no es un demócrata. Prefiere una sociedad jerarquizada en base al Mercado y el dinero. Sostiene que la decadencia argentina comenzó en 1916, cuando los argentinos empezamos a votar. Pero cuidado. A partir de su superficialidad analítica y su vocación autoritaria, designó como Ministro de Defensa a un general en actividad y un elenco de funcionarios compuesto por militares en actividad, que hoy son parte del gobierno. Ante ese panorama, vigilemos para que los fantasmas del pasado no pretendan atraparnos.

24 de marzo de 2026