El gobierno bonaerense ratificó ayer la convocatoria a la audiencia pública para analizar el aumento de la tarifa de luz que se realizará el próximo jueves en Mar del Plata. La decisión se adoptó a raíz de que una resolución judicial suspendió el fallo de un juez platense que había ordenado reprogramar el llamado y realizar el debate en cuatro ciudades.

El juez en lo Contencioso Luis Arias, ordenó suspender la audiencia pública, reprogramarla y hacerla en San Nicolás, Mar del Plata, La Plata y otra localidad a determinar. La Provincia apeló esa medida y obtuvo en las últimas horas, según detalló el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA), un recurso suspensivo dictado por el juzgado en lo Contencioso de Quilmes, que está de turno en la feria judicial.

Pero además, el OCEBA consideró que no está firme un fallo del juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11 de La Plata que suspendió por tres meses la convocatoria a la misma audiencia, en el marco de otra causa promovida por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La Provincia fue en queja ante la Cámara de Apelaciones para que se otorgue efecto suspensivo a la decisión de primera instancia. “El fallo no está firme”, dicen en la Provincia.

Ante esta situación judicial, “resulta menester continuar en la decisión de llevar adelante la audiencia pública prevista para el 28 de julio” en Mar del Plata, señaló el organismo.

TRAMITE

De esta manera, la Provincia busca cumplir con el trámite formal de la audiencia pública, un paso clave para luego aplicar el aumento de tarifas en toda la Provincia.

Pese a todo, el incremento, que oscila entre un 100 y un 215%, está suspendido por varios fallos judiciales.

En esa causa también intervino el juez Arias, a partir de la presentación de una entidad de usuarios y consumidores. “Previo a la entrada en vigencia de un nuevo régimen tarifario para un servicio público esencial y monopólico, se requiere insoslayablemente la realización de una audiencia pública, que permita el conocimiento e información adecuada por parte de los usuarios afectados, de modo de conocer si la tarifa propuesta por el concesionario es justa y razonable y, en su caso, poder ejercer los reclamos administrativos o judiciales pertinentes, por cuanto no se puede impugnar aquello que se desconoce”, sostuvo el magistrado al dictar la medida que frenó el aumento.

Ahora la Provincia busca celebrar la audiencia pública y desanudar el conflicto judicial que frena el ajuste tarifario.

Ayer fuentes del OCEBA dijeron a este diario que “seguimos con los preparativos de la audiencia pública. Ya hay 150 inscriptos, entre ellos intendentes, legisladores y concejales”.

Y si bien reconocieron que está pendiente la resolución de la Cámara de Apelaciones de La Plata en la demanda promovida por la CTA, consideraron que el fallo no está firme y que, por lo tanto, la audiencia pública se puede realizar.