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El pedido para quitarle los fueros a la ex presidenta Cristina Elisabet Fernández, procesada por traición a la Patria y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA por el juez Claudio Bonadio, ingresó hoy en la Cámara de Senadores y ya fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá constituirse para poder abocarse a su tratamiento.
Sin embargo, el bloque del Partido Justicialista que encabeza el rionegrino Miguel Ángel Pichetto adelantó que no apoyará con sus votos la decisión del juez Bonadio, quien acusa a la senadora por Buenos Aires de haber cometido un delito cuando firmó el memorándum con Irán para, supuestamente, esclarecer el atentado contra la AMIA, de 1994, que dejó 85 muertos y casi doscientos heridos.
El trámite judicial que se conoció hoy ingresó esta tarde a la Cámara alta e inmediatamente fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales que, hasta el próximo diez de diciembre, encabeza el ultrakirchnerista Marcelo Fuentes.
Sin embargo, para tratar el pedido de desafuero debe constituirse la Comisión y, para ello, los interbloques de Cambiemos y el flamante de Argentina Federal, compuesto por el peronismo que comanda Pichetto, deben definir a las autoridades y el número de integrantes.
Una vez que eso ocurra, la Comisión deberá reunirse y emitir dictamen favorable en un proceso de sesenta días desde hoy.
Según el artículo 2 de la Ley 25.320 de Fueros, “la solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que deberá emitir dictamen en un plazo de sesenta días”.
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“La Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada (la nota del juez), aún cuando no exista dictamen de comisión”, agrega la legislación, por lo que en junio del año próximo podría debatirse la cuestión en el recinto de sesiones.
Allí, el desafuero deberá aprobarse con los votos afirmativos de los dos tercios del número de senadores presentes.
No obstante, el justicialismo ya anticipó que no colaborará con el pedido de desafuero por, según Pichetto, “el principio judicial de que el desafuero de un senador o diputado procede ante sentencia firme”.
“En esta etapa procesal no hay impedimento para que la Justicia continúe con sus averiguaciones”, aseguró Pichetto y agregó: “Esta cuestión es una materia de naturaleza política”.
Por su parte, Cristina Kirchner, quien quedó afuera del interbloque armado ayer por los senadores no kirchneristas, pidió “a todos los compañeros que integran el peronismo que se pronuncien, más que defendiendo a esta senadora, por custodiar los derechos de los trabajadores y los jubilados”.
En una rueda de prensa que brindó en las oficinas del bloque de Diputados nacionales del Frente para la Victoria, acompañada por legisladores y referentes del kirchnerismo, la ex presidenta agregó que la decisión de Bonadio se produce porque la semana que viene se incorpora al Senado y la quieren “con una espada de Damocles en el cuello”.
Mientras tanto, el interbloque Cambiemos emitió un comunicado en el cual indicó que analizará el pedido del juez aunque destacó: “bajo ningún aspecto seremos un obstáculo para la Justicia”.
“Cambiemos cumplirá con los pasos y plazos institucionales que están establecidos en la Constitución Nacional, en la ley de fueros y en el Reglamento del Senado de la Nación”, menciona el parte de prensa.
El próximo martes 12 de diciembre, el Interbloque Cambiemos, integrado por 25 senadores, tendrá su primera reunión parlamentaria y allí elaborarán una postura en común frente al pedido de desafuero de Fernández de Kirchner.
Previamente, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, había afirmado que la decisión de Bonadio se analizará con “seriedad y responsabilidad”.
“Ante el pedido de desafuero por la causa AMIA, corresponde estudiarlo con seriedad y fijar una posición no partidista sino institucional. No se trata de hacer política partidista, sino de que funcionen bien las instituciones. Ese es el cambio”, añadió.
El jefe del interbloque Cambiemos, el radical formoseño Luis Naidenoff, anticipó que el oficialismo no avalará “pactos ni apresuramientos”.
“No tenemos pactos ni impunidad ni tampoco apresuramientos desde el punto de vista institucional”, agregó Naidenoff y aclaró que “es descabellado pensar que el Gobierno tiene algún tipo de incidencia” en el pedido de Bonadio.
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