El drama de la vivienda en la Ciudad

Desde la Nación, el llamado Plan Federal de construcción de viviendas, los programas de mejoramiento de barrios y de urbanización de villas y asentamientos, así como el plan Procrear fueron, en la gestión anterior, herramientas valiosas que, lamentablemente, no impactaron en nuestra ciudad de manera significativa. Los primeros porque fueron extrañamente discontinuados, al menos aquí, y el Procrear, porque, no obstante su magnitud y expansión, no alcanzó a los sectores más humildes de la población, al igual que los actuales créditos hipotecarios. Dichos sectores, en la mayoría de los casos, tampoco acceden al mercado de alquileres.

La imposibilidad de acceso a la tierra, en particular al suelo urbano, y a la vivienda, representan problemas graves, de alto impacto social y de muy difícil resolución, particularmente en los grandes centros urbanos. El Papa Francisco los señaló, junto al trabajo, como prioridad entre los derechos sociales básicos de la humanidad, y aunque rescató las experiencias comunitarias de los grandes asentamientos urbanos, resaltó la atroz injusticia del hacinamiento y la marginación que en ellos se produce.

Más allá de los imperativos constitucionales (nuestra Constitución Nacional establece el derecho a la vivienda y la utilización racional de los recursos naturales, entre ellos lógicamente el suelo, al igual que la provincial), la problemática planteada esta aún muy lejos de resolverse en nuestro país.

En nuestra ciudad, el problema es evidente, se expresa en sus cientos de asentamientos, periódicas usurpaciones, loteos ilegales cotidianos y un crecimiento desorganizado y azaroso, de cada vez mayor densidad y hacinamiento.

Para avanzar en su superación, como para la mayoría de los derechos básicos, es absolutamente imprescindible la intervención del Estado, garantizando una política inclusiva, que proteja el empleo y el derecho de sus habitantes a mejores condiciones de vida y, específicamente, regulando, planificando y gestionando, ya que el mercado no dio, da, ni dará soluciones sociales armónicas, serias y universales, menos aún en esta problemática, absolutamente proclive a la rentabilidad sobre la justicia.

El actual nivel de endeudamiento externo nacional, de por sí cuestionable, debería afectarse significativamente a políticas de acceso al hábitat, tanto a quienes pueden ser sujetos de crédito, como a los que nunca podrán obtenerlos.

Nunca la Ciudad pudo sumarse a un plan integral, ordenado y continuo, de origen federal o provincial, que permitiera avances importantes en materia habitacional

Desde la Provincia, la ley de acceso justo al hábitat ha sido un paso trascendente para abordar el problema, a través de un marco normativo que brinda nuevos instrumentos de gestión y financiamiento. Sin embargo, más allá de normas locales que oportunamente pusieron al Municipio en línea con la ley provincial, no se visualizan resultados, ni se exteriorizan acciones concretas transformadoras de la realidad, resultando llamativos los continuos cambios de funcionarios provinciales en las áreas de tierra y vivienda, demostrativos de un rumbo que no se encuentra.

En todo los casos, lo cierto es que nunca la Ciudad pudo sumarse a un plan integral, ordenado y continuo, de origen federal o provincial, que permitiera avances importantes en el problema.

Frente a este cuadro de situación, es el Estado municipal, con su cercanía, conocimiento y manejo del territorio, el que debe imponerse como prioridad el tema, articulando con los demás estamentos de gobierno, aprovechando las herramientas que posee, proponiendo otras, elaborando su plan y ejecutando su aplicación.

Dicha decisión debe expresarse claramente en el presupuesto municipal, muy por encima de los fondos ya afectados por las mencionadas normas y en la búsqueda permanente de financiamiento adicional, nacional y provincial. En definitiva, es necesaria una fortísima inversión pública, que permita acciones rápidas y contundentes.

Es necesario implementar el control serio y responsable de los loteos ilegales, promovidos por agentes inmobiliarios inescrupulosos, que obtienen extraordinarias ganancias “subdividiendo” tierras no urbanas, convirtiendo a sus clientes en víctimas de un fraude mayúsculo a las personas y al Estado.

Hay que avanzar definitivamente en la regulación dominial de los asentamientos consolidados, mediante todos los mecanismos legales disponibles, e iniciar una urgente intervención que permita su urbanización, equipamiento y mejoramiento de viviendas.

Debe iniciarse un planificado proceso de adquisición y/o expropiación de tierras destinadas a la adjudicación de lotes sociales y a la puesta en marcha de planes de vivienda y /o de autoconstrucción, que permita superar la escasa o nula oferta de suelo público.

Todas acciones urgentes, que deben ejecutarse con plena participación comunitaria, marcando un camino hacia una integración urbana que acabe con la marginación, la vulnerabilidad y el hacinamiento de vastísimos sectores de nuestra comunidad.

Si no empezamos pronto, seremos cada vez menos la ciudad soñada , sustentable e inclusiva, para ser cada vez mas una urbe desorganizada e injusta.

(*) Ex presidente del Concejo Deliberante de La Plata