La Provincia ratificó el bono de $3 mil y hay rechazo de todos los gremios

El gobierno de María Eugenia Vidal confirmó ayer que pagará un bono extraordinario de 3 mil pesos en dos cuotas a los empleados públicos de la Provincia y de 2.100 pesos para los pasivos. La medida apunta a atenuar el impacto en los salarios públicos tras la devaluación posterior a las PASO y a inyectar algo de fondos en los bolsillos de unos 200 mil trabajadores estatales. Ayer, generó rechazo en todos los gremios del sector, que reclaman a la Provincia que reabra la paritaria, y preparan medidas de fuerza para las próximas semanas.

No hubo, en rigor, anuncio oficial. Desde Gobernación, voceros confirmaron una medida que la Provincia había ido a ofrecer a los sindicatos estatales a fines de la semana pasada y que había quedado en stand by por el rechazo de los estatales.

El bono bonaerense será de 3 mil pesos no remunerativo y no bonificable y se pagará en dos veces a partir de la semana que viene. Podrán percibirla aquellos que no hayan sido alcanzados por el beneficio de la devolución de la quita del Impuesto a las Ganancias, es decir, quienes ganen menos de 38.300 pesos.

Se cobrará en dos cuotas iguales de mil quinientos pesos cada una. La primera cuota será abonada el día 20 de septiembre y la segunda el 18 de octubre de 2019. La cuota se paga al personal que esté activo a esa fecha, según se informó.

Para los pasivos, el monto del bono será de 2.100 pesos por persona, con prescindencia de si cobran beneficios simultáneos de jubilación o retiro y pensión.

Los jubilados también lo cobrarán en dos cuotas (de 1.050 pesos cada una) en las mismas fechas que los pasivos.

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El bono lo cobrará el personal de la ley 10.430 de planta permanente y temporaria, becarios de salud, de Vialidad, Régimen Artístico, la CIC, Casinos, Ex Obras Sanitarias, Oceba, Astilleros, Servicio Penitenciario y Policía, entre otros.

No alcanzará a los docentes, que ayer salieron a denunciar que la Provincia actuó con “desprecio” hacia los maestros. Desde el Ejecutivo, explicaron que la decisión se basó en que los docentes cuentan con un mecanismo de actualización automática por inflación y que la medida apunta a atender los salarios más perjudicados.

En total, serán unos 200 mil mil empleados públicos (sobre un universo total de aproximadamente 600 mil) y unos 110 mil jubilados, según las estimaciones oficiales.

Además, la Provincia confirmó ayer que subirá un 25 por ciento las asignaciones familiares que cobran unos 100 mil empleados públicos. Serán, dicen, unos mil pesos por mes de bolsillo.

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El anuncio de este beneficio había quedado en stand by en los últimos días luego de que la Provincia cosechara un unánime rechazo de los gremios del sector que participan de la negociación paritaria de los estatales.

El monto ofrecido era significativamente menor que el de 5 mil pesos que pagará Nación a sus empleados públicos y que se negocia para el sector privado.

Desde el gobierno de Vidal explican que la situación financiera no permitió mejorar el monto del bono y que se está haciendo “el máximo esfuerzo”.

Pero para los gremios no alcanza. “Es insuficiente y tardío. La situación de los trabajadores es desesperante. Estamos hablando de un promedio de ingresos que va de los 20 a los 30 mil pesos cuando la línea de pobreza es de 32 mil pesos”, disparó el secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi.

El gremio de estatales, que viene de hacer un paro y movilización junto a judiciales y médicos el martes pasado, evaluará nuevas medidas de fuerza para rechazar este bono y pedir la inmediata reapertura de las paritarias.

“Vamos a ir a los cajeros y lo vamos a cobrar. Pero eso no condiciona en nada nuestro plan de acción. Que no nos diga Vidal que no les alcanzan los fondos. Si no hubiera claudicado en su reclamo por la coparticipación tendría recursos. Ella es cómplice de lo que pasa, no víctima”, afirmó.

Desde UPCN y Fegeppba, los gremios que firmaron el acuerdo paritario para este año con Vidal, también rechazaron de plano el bono. En conjunto, van a presentar un pedido formal ante el ministerio de Trabajo para exigir ser convocados por el Ejecutivo a una paritaria.

“Esto fue unilateral y por eso lo rechazamos de entrada. Queremos discutir en paritarias una cláusula de ajuste”, dijeron desde esos gremios, que no descarta medidas de fuerza sectoriales.