Se viene el descongelamiento para las tarifas de los servicios públicos en el área de energía -luz eléctrica y gas natural-, tras todo un año sin aumentos. En eso ya está trabajando el Gobierno nacional, que lo ubica en el marco de una “corrección” o “actualización” a esta suma para los usuarios domiciliarios.

Por lo pronto, ya aparecieron en la semana algunas señales oficiales, del propio presidente Alberto Fernández y desde el Ministerio de Energía, de cómo se aplicaran estos incrementos, que vienen reclamando desde las empresas distribuidoras. De todos modos, es prematuro ver el impacto que tendrá en el bolsillo familiar.

“A partir de marzo empezaremos a discutir cómo se corrigen” las tarifas, afirmó el Presidente, y aseveró que “hay algo que todos tienen que tener en claro, la dolarización de los servicios públicos se terminó en la Argentina”, un punto que el Gobierno tendrá que equilibrar en las negociaciones con las empresas, más allá de los subsidios y los aumentos para los usuarios.

Creen que el 40% más vulnerable de la población continuará con ayuda estatal

Según el primer mandatario, será necesario buscar “los mejores mecanismos que hagan que las tarifas sean pagables para los argentinos”, en referencia a un diseño de actualización en función de los ingresos de los distintos sectores sociales, y con una política de focalización de subsidios.

En ese sentido, la pauta que ya se dio es que serán segmentados por el nivel de ingresos de cada usuario, que se dividirían en grupos y que se podrían encuadrar en:

* Los que pueden pagar las tarifas sin que le afecten para nada la economía familiar. En el Gobierno consideran que hay por lo menos entre un 15 y 17 por ciento de usuarios dentro de esas posibilidades, que afrontarán los mayores incrementos, que llegarían hasta un 70 por ciento.

* Los que se encontrarían dentro de un marco social de “clase media” que “no le falta pero tampoco le sobra”, que tendrían aumentos en términos medios (entre un 29 y un 35 por ciento, dentro del índice de costo de vida).

* Y los sectores más vulnerables, donde seguiría la tarifa social.

A pesar de la buena señal fiscal que debe dar el Gobierno (que los subsidios crezcan en términos reales en relación con el PBI), creen que el 40 por ciento más vulnerable de la población continuará con ayuda estatal para cubrir sus facturas.

“La aplicación de un subsidio mucho más individualizado y eficiente nos permitirá que un porcentaje de la población que puede pagar el costo de la tarifa, lo pague”, advirtió el secretario de Energía, Darío Martínez, en varias entrevistas que dio en la semana por la presentación del Plan Gas:Ar.

En el medio queda “todo un sector con el cual el objetivo es tratar de que pagar la energía no incida en la decisión de adquirir otros bienes y servicios, que no genere recesión en otras cosas. Pero también ese sector puede ir enfrentando una tarifa que evolucione a un nivel que no le consuma de su salario en términos porcentuales cada vez más”, explicó el funcionario.

Para Martínez, durante el año que viene existirán “tarifas de transición” para la distribución de electricidad y para el transporte y la distribución de gas, hasta que se realice una Revisión Tarifaria Integral (RTI) ordinaria a fines del 2021, que apuntaría a otra “actualización”.

TIRONEOS POR EL COMIENZO DE LAS NEGOCIACIONES

Si bien el presidente Alberto Fernández refirió a una discusión que comenzaría en marzo para una aplicación desde abril -previo paso burocrático por las audiencias públicas-, lo cierto es que el congelamiento de las tarifas vence el mes próximo, diciembre.

Por eso desde las empresas distribuidoras tanto de energía eléctrica como de gas natural quieren comenzar las negociaciones ya desde el primer mes de 2021, enero.

A pesar que aseguran que el diálogo está encaminado con las autoridades nacionales, por el lado de las compañías, tanto distribuidoras de gas como de electricidad, no habrían ocultado su desconcierto por las declaraciones del Presidente sobre la fecha de inicio de las discusiones. Proyectan, según una información del portal Infobae, un escenario complicado. Es que creen que si tampoco en marzo se logra avanzar en una revisión tarifaria, se habrá perdido la última oportunidad del año 2021 ya que difícilmente, advierten, se avance en un esquema de recomposición a medida que se acerquen las elecciones legislativas. “Si lo patean a marzo, es marzo o nunca”, advirtieron.

Serán “tarifas de transición” hasta que se realice una revisión integral a fines de 2021

La ley de emergencia denominada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre de 2019 facultó al Poder Ejecutivo a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario.

En el contexto económico de inicio de la actual gestión y la posterior afectación de la pandemia sobre la actividad, el Gobierno confirmó el congelamiento de los servicios, por lo cual no entraron en vigencia los cuadros tarifarios previstos en la última revisión de los servicios de gas y electricidad del gobierno de Mauricio Macri.

En las tarifas de luz y gas, los usuarios domiciliarios pagan los mismos importes desde abril de 2019. Es decir que el Estado les está subsidiando entre 50% y 60% del costo de esos servicios, aseguran.