Un informe indica que se agravó la crisis humanitaria en las cárceles bonaerenses

Un informe elaborado que tiene por objeto de estudio la situación de las personas privadas de su libertad en la Provincia, indica que la situación de crisis humanitaria se agravó en las cárceles bonaerenses. 

Tomando como parámetros la sobre población y el hacinamiento, la Defensoría ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció en las últimas horas que la población carcelaria se encuentra ante "una grave situación" en la que se están vulnerando los derechos humanos. 

El informe señala que "si bien sostenemos que se trata de un problema conocido (el de la superpoblación) y que fue objeto de resoluciones judiciales trascendentes (Fallo Verbistky, de la CSJN), se ha verificado un importante agravamiento". 

Tal es el nivel de hacinamiento que se puede observar en las cárceles que el informe manifiesta que "incluso el Estado Provincial reconoce que aloja unas 10000 personas por encima del cupo fijado por el propio Ejecutivo (sin contar las personas alojadas en comisarías)"

Además se detalla que "el récord histórico de personas detenidas, aumentan las tasas de prisionización y persisten las denuncias por torturas y malos tratos, sumado a las pésimas condiciones de atención a la salud y deficiencias en la infraestructura, que caracterizan a las cárceles de la provincia".

Para los organismos que participan en este informe, "el Estado Provincial no sólo no informa cómo habrá de resolverlo sino que promueve la sanción de un nuevo código de procedimiento penal que, como resultado inmediato, generará un mayor caudal de ingresos al sistema penitenciario".

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Es en este marco que quienes firman el documento elevaron a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que se adopten medidas orientadas a ponerle un freno a esta vicisitud que está teniendo lugar en los penales bonaerenses. 

Según se expone, se requiere que se conforme un comité de emergencia por sobrepoblación que tenga la tarea de definir las plazas disponibles y de tomar decisiones específicas para bajar la cantidad de personas privadas de la libertad;

También se solicitó que "se generen directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal y controle el cumplimiento de la orden dictada en diciembre de no alojar detenidos en lugares inhabilitados.
 Nunca más a la tortura, nunca más al hacinamiento". 

El Defensor ante la Suprema Corte provincial, Dr. Mario Coriolano, destacó que “se trata de un problema de antigua data pero se ha verificado un importante agravamiento en estos últimos años e, incluso, el Estado Provincial reconoce una importante superpoblación, en exceso del cupo fijado por el propio Ejecutivo (sin contar las personas alojadas en comisarías)”.

Destacó, también, el aumento constante de personas detenidas, la persistencia de las denuncias por torturas y malos tratos y las pésimas condiciones de atención a la salud y deficiencias en la infraestructura de las cárceles de la provincia.

Por último, expresó su preocupación ante la falta de una repuesta concreta del Estado Provincial para resolver este grave problema y la propuesta de medidas como la sanción de un nuevo código de procedimiento penal que, como resultado inmediato, generará un mayor caudal de ingresos al sistema penitenciario.

Los firmantes también señalaron que "esta situación de crisis humanitaria fue advertida este año por el Relator contra la Tortura y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. El incumplimiento de las normas internacionales que son parte del sistema normativo argentino puede ser motivo de sanción al Estado Argentino por parte de organismos de protección de los DDHH".