Quiénes son los magistrados que se midieron en una inédita puja de fallos

Rogério Favreto, juez del Tribunal Regional Federal de la 4ta región (TRF-4) de Brasil, y Sergio Moro, juez anticorrupción que condenó a Lula en primera instancia, se convirtieron en los protagonistas de un forcejeo judicial que puso en vilo a Brasil.

Favreto (46) fue el magistrado que ordenó la liberación del Lula da Silva, al aceptar un hábeas corpus y exigir la “urgente” medida a favor del ex presidente, condenado por corrupción.

Según informa el diario Folha de San Pablo, Favreto estuvo afiliado al Partido de los Trabajadores (PT, movimiento liderado por Lula) durante casi dos décadas, luego de inscribirse en la agrupación en diciembre de 1991.

Tras hacerse pública su adhesión, según datos brindados por el Tribunal Superior Electoral, Favreto se desafilió en 2010, antes de convertirse en juez. El periódico paulista asegura que su madre y una de sus hermanas también se afiliaron al PT.

El miembro del TRF-4, con sede en Porto Alegre, fue el único del tribunal que se manifestó a favor de abrir un proceso contra el juez Sergio Moro, líder de la investigación Lava Jato (lavadero de autos). En su voto, lo acusó de tener “índole política” en su accionar. El pronunciamiento ocurrió cuando Moro estaba bajo la lupa por haber hecho público el contenido de conversaciones telefónicas privadas entre la entonces presidenta, Dilma Rousseff, y su antecesor en el cargo.

Durante el gobierno de Lula, Favreto ocupó varios cargos en el Ministerio de Justicia. Nombrado en junio de 2011, está encargado de revisar las decisiones de primera instancia de Curitiba, con foco en los procesos civiles del caso Lava Jato.

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Tras pedir la liberación de Lula, el juez Moro expresó que Favreto no tenía competencia para tal pronunciamiento. Pero Favreto no se amilanó y emitió una nueva orden de liberación para el ex presidente.

Por su parte, el juez Moro, responsable de destapar el mayor escándalo político en la historia de Brasil mediante la Operación Lava Jato, es una figura pública que polariza a su país.

Por un lado se encuentran quienes aplauden la gestión de este abogado -casi desconocido hasta hace tres años- por enfrentarse a la clase política y a la elite empresarial al investigar una red de sobornos con fondos públicos de la petrolera estatal Petrobras.

Pero también están quienes lo acusan de actuar de manera “populista” y parcial en la investigación del caso de corrupción y lavado de dinero que involucra a decenas de figuras públicas de Brasil.

Un sector de la izquierda considera que ha perseguido con saña a los políticos del PT, mientras que ha eludido las acusaciones que apuntan al Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB), el principal grupo de la derecha.

Muchos creen que Moro quiere ser la versión moderna del juez Giovanni Falcone, asesinado por la mafia en 1992 y que tuvo a su cargo la operación “Manos limpias”, un proceso que revolucionó a la clase política italiana en los 90 y que aplicó las técnicas de “delación premiada” que también empleó el magistrado brasileño.

De 45 años y especializado en Harvard en el combate al narcolavado, Moro saltó a la fama en 2014 con la Operación Lava Jato, que ha cobrado una dimensión inédita en Brasil por el desvío de más de 4.000 millones de dólares en fraudes con Petrobras.

En 2005, Moro colaboró con una jueza del Supremo Tribunal en un caso que golpeó a Lula y probó sobornos a legisladores a cambio de apoyo a su Gobierno, el “mensalao” (mensualidad).

Desde entonces, el juez no se olvidó de Lula: ordenó su detención para llevarlo a declarar a una comisaría, hizo públicas conversaciones privadas del líder del PT con Rousseff cuando ella aún ocupaba la Presidencia y condenó al ex presidente a una pena de cárcel por corrupción y lavado al considerar probado que Lula recibió un lujoso departamento en la playa de Guarujá a cambio de beneficiar a la constructora OAS con adjudicaciones de contratos públicos. (EFE)