Pidieron que este año se haga el juicio por los sobres con dinero en la Departamental

El Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata concretó ayer la audiencia previa al juicio oral y público a ocho ex jefes policiales de nuestra ciudad, imputados en la llamada causa de los sobres con dinero en la Jefatura Departamental La Plata.

Todas las partes de este proceso (la fiscal María Victoria Huergo, los abogados defensores y los imputados) debatieron cerca de una hora con respecto a la prueba que se ventilará en el debate, que podría llegar a concretarse este año, según lo peticionado ayer ante los jueces del Tribunal, Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini.

La defensa de uno de los acusados solicitó, como medida suplementaria, que se realice un estudio de las llamadas del teléfono celular del fiscal que investigó el caso, Marcelo Martini.

A esta medida pedida por la defensa de uno de los procesados se opuso rotundamente la fiscal Huergo, explicaron las fuentes consultadas.

También señalaron que todas las partes mantuvieron la prueba realizada durante la instrucción de la causa, para que se debata en el juicio.

Los defensores de los imputados coincidieron en requerir que se realice el juicio lo antes posible, e incluso que se habilite si es necesario la feria judicial de invierno, detallaron.

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Ante un planteo de la fiscal por posibles problemas de agenda para concertar el juicio, los defensores señalaron que “si ella no puede aceptarían que el mismo fiscal Martini”, que instruyó la investigación penal preparatoria, “sea el que esté al frente como representante de ministerio público, en el juicio oral”.

Los jueces del Tribunal ahora analizarán los diversos planteos de las partes, afirmaron las fuentes consultadas.

Además informaron que es muy probable que la semana próxima los magistrados den a conocer la resolución sobre estos recursos.

En esta causa se encuentran detenidos, procesados y estuvieron presentes ayer, el ex titular de la Departamental, el comisario mayor Darío Camerini; los comisarios Sebastián Velázquez y Rodolfo Daniel Carballo; los subcomisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Julio Sebastián Sáenz y Walter Skramowskyj y el oficial principal Ariel René Huck.

Cabe señalar que todos están detenidos, menos Carballo, a quien recientemente se le otorgó el arresto domiciliario por cuestiones de salud.

Carballo también estuvo ayer en la audiencia.

Los ocho ex jefes están procesados por el hallazgo de más de 150 mil pesos en las oficinas de 12 entre 60 y 61.

a casi dos años

El caso comenzó el 1 de abril de 2016, cuando se encontraron, dentro de la sede de la Departamental, 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo. Una denuncia anónima había advertido al personal de Asuntos Internos que el entonces jefe de la Departamental “recaudaba coimas que cobraban las comisarías”.

En esta causa también está imputado Juan Miguel Retamozo (ex jefe de la comisaría Cuarta), aunque él no fue detenido porque no se pudo hacer el peritaje caligráfico que lo vincule con los sobres con dinero.

Todos los implicados perdieron su condición de policías, después de que la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso para todos la exoneración. Cabe destacar que esta es la sanción expulsiva más severa que puede recibir cualquier empleado público bonaerense.

La jueza de garantías que intervino en el caso es Marcela Garmendia, quien en julio último, al ordenar por segunda vez la detención de los ex policías tras el inicio de la causa, dio por acreditado que integraban “una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae en la cúpula, quien además posee una multitud de medios y sujetos dispuestos para llevar a cabo sus fines”.

“Esa organización criminal se encuentra integrada con quien tenía los sobres en su despacho y en su escritorio (Skramowskyj), con sus jefes y quienes eran los destinatarios de los mismos (Camerini, Carballo y Huck) y con los distintos jefes de las seccionales de Policía que los remitieron (jefes policiales de comisarías) junto con los jefes de calle y personal de confianza que se encargaban de recaudar el dinero producto de diversas actividades ilegales para girar el mismo hacia arriba de la pirámide jerárquica y en beneficio personal”, consignó el fallo.

Los investigadores sospechan que ese dinero provenía de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.

La mayoría de los sobres estaban rotulados con los nombres de las comisarías y los jefes policiales a los que iba dirigido el dinero.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que advirtió al personal de Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de la capital bonaerense recaudaba alrededor de 200.000 pesos de coimas por mes.

Sin embargo, el 24 de enero del año pasado, el Tribunal de Casación penal bonaerense excarceló a los ocho policías detenidos, en tanto el noveno, Federico Jurado, había sido hallado muerto ese mismo mes, en la celda donde estaba alojado en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata.

Esa resolución fue objetada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que ordenó que otra sala de casación resuelva esa cuestión y que fue la que habilitó a Garmendia para ordenar nuevamente la detención.