Mientras el Gobierno oficializó ayer la prórroga del decreto que establece el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, desde el ámbito inmobiliario local se consignó que eso genera preocupación entre los propietarios y que es una medida que puede desalentar las inversiones en el sector, agravando el problema habitacional.

Según se supo ayer, a través del decreto 766/2020, se extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres. Se prorrogó hasta febrero de 2021, el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago. Además, se extendió la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.

A raíz de eso, la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires (C.I.B.A.), consideró que la ampliación de lo que fueron medidas extraordinarias, transitorias, podría generar disconformidad de los que consideren vulnerados sus derechos. “El esfuerzo no puede recaer en una sola de las partes, ya sea locador o locatario, sino que el equilibrio exige que el esfuerzo sea compartido y todos los derechos sean debidamente amparados”, se comunicó desde la entidad.

“DESALIENTA INVERSIONES”

Mirta Líbera, al frente de una inmobiliaria de la Ciudad, valoró que en su momento el DNU resultó oportuno y estuvo basado en una aplicación temporal que tuvo como espíritu rector el esfuerzo compartido de las partes. Pero resaltó que “la ampliación de las medidas extraordinarias transitorias pueden generar disconformidad de los que consideren que sus derechos han sido vulnerados”, al entender que el esfuerzo no es siempre repartido.

“Siempre ocurre que las medidas tendientes a limitar lo que es la libertad de contratación de las partes en materia inmobiliaria, sumada a crisis que lleva años en nuestro país, desalienta a los inversores, a los constructores, a los compradores de inmuebles para destinar a la locación viviendas”, agregó la profesional y dejó por sentado que eso agrava el problema habitacional.

Como dirigente de CIBA destacó que los martilleros propiciaron el diálogo y gestionaron los mejores acuerdos entre las partes. “Hubo propietarios que podían afrontar una quita en los pagos o hasta cancelar y suprimir algunos meses y lo han hecho y los inquilinos que podían pagar, lo hicieron en un alto porcentaje”, evaluó con relación a los meses que pasaron y sostuvo que, de acuerdo a datos nacionales, el cumplimiento de los inquilinos fue de entre el 80 y el 90 por ciento.

Por eso destacó que en cada situación particular es importante el diálogo y llegar a acuerdos, respetando las necesidades, ya que hay muchos propietarios que viven de los alquileres y también atraviesan momentos de gran vulnerabilidad. “Hemos tenido llamados de propietarios preocupados por esta situación, sobre todo los que necesitan ese alquiler para vivir y les quedó totalmente atrasado con relación a la inflación, a lo que cuestan las cosas y a lo que sería el valor del mercado de ese inmueble”, concluyó.

En la misma línea, Estela Valverde, a la cabeza de otra inmobiliaria local, señaló que hubo muchos locatarios que por problemas económicos, y ya con los contratos vencidos, se ampararon un par de meses en el DNU, pero ya entregaron las llaves. Pero hay cerca de un 10 por ciento que va a recurrir a la nueva prórroga con el pago de un monto que quedó completamente desactualizado porque es igual al que pagaban dos años atrás.

“Los propietarios comenzaron a hacer consultas entre ayer y hoy porque esperaban hacer actualizaciones al primero de octubre, ya que percibían montos de contratos que llevaban dos años y se vencieron en meses anteriores”, dijo la martillera.

La queja generalizada entre los propietarios cuyos contratos vencieron en estos meses es que los montos quedaron muy bajos con relación a la inflación y para peor seguirán igual hasta el 31 de enero. Por caso, se consignó que hay monoambientes en pleno centro por los que se pagan alquileres de 7 mil pesos.

Además están los que querían volver a disponer de su inmueble, ya sea para ocuparlo o para cederlo a un hijo que por ahí ya no puede alquilar y tampoco podrán hacerlo porque el decreto ampara a los inquilinos hasta febrero del año próximo.

“Algunos locatarios están dispuestos a renegociar para que los propietarios no se vean tan afectados por esta medida, pero ya es muy preocupante que el estado intervenga de esta manera desprotegiendo al propietario, al que invirtió en un inmueble”, agregó Valverde.